En atención a la postura de los fiscales Néstor Coronel, Jorge Arce y Luis Piñánez, quienes se ratificaron en el pedido de desestimación de la denuncia por el supuesto perjuicio patrimonial por G. 1.630.414.082.023 al Instituto de Previsión Social (IPS), el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú remitió el expediente a la Fiscalía General del Estado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 314 del Código Procesal Penal (CPP).
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Ante el pedido inicial del grupo de fiscales que indagó la denuncia por el supuesto desvío multimillonario en la previsional, primeramente Otazú remitió nuevamente el presente caso a los agentes.
Sin embargo, pese a que contaban con un plazo de 10 días, en menos de 24 horas los fiscales se ratificaron en el pedido para “archivar” la denuncia por presunta lesión de confianza y estafa en el IPS, que se habría cometido durante el ejercicio fiscal 2022 e inicios de 2023.
En caso que la Fiscalía General del Estado insista en su solicitud, el juez Otazú deberá resolver conforme a lo peticionado, sin perjuicio de la impugnación de la decisión por el querellante o la víctima, en su caso, según lo que establece el artículo 314 del Código Procesal Penal.
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Presunto perjuicio de G. 1.6 billones, según CGR
La denuncia penal formulada ante el Ministerio Público fue contra el expresidente de la previsional Vicente Battaglia, el consejero Roberto Britez Ferreira, el consejero y representante de los trabajadores asegurados Gustavo Ramón Arias, consejera representante del Ministerio de Trabajo Ludia Claudina Silvera López, representante de la patronal en el IPS Miguel Ángel Doldán Martínez, y el consejero Dr. Ricardo Vicente Oviedo Medina.
De acuerdo con lo que consta en el escrito fiscal, la denuncia había sido presentada por la entonces senadora Kattya González, el diputado Rubén Benítez y el Dr. Jorge Brítez, presidente del Consejo del IPS. Además, de los reportes N° 52, N° 53, N° 54 y N° 55, remitidos por Camilo Benítez, titular de la Contraloría General de la República (CGR).
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En ese contexto se inició una causa en consecuencia, específicamente, al Reporte CGR N° 53/2023 del 5 de setiembre de 2023, en el que se menciona el supuesto perjuicio patrimonial de G. 1.630.414.082.023, y que por tanto las autoridades intervinientes del IPS, durante el ejercicio fiscal 2022 y primer cuatrimestre del 2023, lo habrían provocado