Los jueces Fabián Weisensee (presidente), Cándida Fleitas y Laura Ocampo fueron confirmados en el Tribunal de Sentencia que juzga la causa abierta al exministro del Interior Walter Bower Montalto y los comisarios Merardo Palacios (SR) y Osvaldo Vera por torturas a policías. La Cámara de Apelaciones resolvió no hacer lugar a la recusación interpuesta por el Abg. Secundino Méndez, defensor de unos de los policías acusados.
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La recusación fue presentada el pasado lunes 4 de noviembre por el representante legal del comisario Osvaldo Vera, con el argumento de falta de imparcialidad por parte de la jueza Laura Ocampo, ya que a la misma, según el letrado, se la escucha en una grabación de más de 53 minutos, conversando con el Abg. Rolando Alum, representante de uno de los querellantes de la causa.
Los camaristas Arnaldo Fleitas, Delio Vera Navarro y Jesús Riera resaltan en el Auto Interlocutorio N° 267 dictado este jueves 7 de noviembre, que al analizar los argumentos expuestos por el recusante en relación con los audios en los cuales se escucharía a la magistrada Laura Ocampos en conversación con el abogado querellante Rolando Alum, “se verifica que dichos audios corresponden a los mismos que ya fueron utilizados como fundamento para recusar al Tribunal en una ocasión anterior.”
El tribunal de alzada agrega que este motivo de recusación ya fue previamente analizado, en el contexto de las recusaciones interpuestas por los señores Merardo Palacios, Walter Bower y Osvaldo Vera, habiéndose resuelto en esa oportunidad el rechazo de tales recusaciones mediante el Auto Interlocutorio N° 260, de fecha 1 de noviembre de 2024.
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Bower y policías, condenados por tortura
La declaración de la reprochabilidad de los acusados se dio el 19 de octubre pasado, ocasión en que el colegiado declaró a los acusados culpables de las torturas sufridas por el comisario Alfredo Cáceres y oficial inspector Jorge López.
Por unanimidad, el tribunal dio por probado que los comisarios participaron de hechos de maltrato físico contra Jorge López Sosa, además de otras personas; y que el exministro del Interior Walter Bower participó en los hechos que sucedieron en mayo de 2000, en las sedes de la Marina y la comisaría 11ª de Asunción, entre ellos el Crio. Alfredo Cáceres, luego de un fallido levantamiento militar contra el gobierno de Luis Ángel González Macchi.
Los apremios físicos ocurrieron en mayo del 2000, en las sedes de la Marina y la comisaría 11ª de Asunción, luego del fallido levantamiento militar contra el gobierno de Luis Ángel González Macchi.
Tanto Jorge López como Alfredo Cáceres, además de varios agentes de la Policía Nacional, fueron torturados para que contaran quiénes fueron los responsables del intento de golpe de Estado, de acuerdo a lo detallado por las juezas Laura Ocampo y Cándida Fleitas al momento de explicar la sentencia.
Condena de la Corte IDH por mora judicial
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la Sentencia del 17 de mayo de 2023, hizo lugar a la demanda promovida por el oficial inspector de Policía Jorge López Sosa contra el Estado paraguayo. La condena es porque la justicia paraguaya no se expidió en plazo razonable en este proceso, que se ha convertido en el juicio más largo de nuestra historia.
“Las falencias ocurridas en el marco de la investigación iniciada a raíz de la denuncia interpuesta por la víctima, así como del incumplimiento con el plazo razonable del proceso penal que, actualmente, mantienen los hechos de tortura sufridos por el señor López Sosa en impunidad, evidencian una manifiesta denegación de justicia a la víctima”, indica la sentencia.
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El Tribunal ordenó al Estado de Paraguay diseñar e implementar programas de capacitación para cuerpos de seguridad, jueces y fiscales sobre los estándares interamericanos en materia de prohibición, prevención e investigación de actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes.
El fallo establece que el Estado paraguayo debe pagar en un plazo de 1 año US$ 50.000 de indemnización por daño material e inmaterial a favor de la víctima de tortura.
De igual manera, la Corte dispuso el pago de otros US$ 10.000 por costas y gastos del juicio.