El juez penal de garantías N° 12 José Agustín Delmás fijó para las 8:30 del próximo lunes 25 de noviembre, la realización de la audiencia preliminar de la actuaria judicial Juliana Romero Maciel (44 años). La funcionaria fue acusada por la fiscala Ruth Benítez, por la supuesta comisión de acceso indebido a sistemas informáticos, simulación de un hecho punible, frustración de la persecución y ejecución penal y también, realización del hecho por funcionarios perpetrados en relación a un expediente digital de Ramón González Daher.
En la mencionada diligencia correspondiente a la etapa intermedia del proceso penal, el juez de garantías resolverá si eleva o no a la instancia de juicio oral y público la causa relacionada a la funcionaria que fue acusada por la fiscala Ruth Benítez, de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos y Lavado de Activos Provenientes de Delitos Informáticos.
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En su requerimiento conclusivo acusatorio, la agente del Ministerio Público señala que de la modificación del expediente electrónico, ocurrido el 16 de agosto de 2023, recién se tuvo conocimiento el 30 de agosto de 2023, cuando Juliana Romero realizó la denuncia ante la Fiscalía, pero presentándose como víctima del supuesto sabotaje informático.
Sin embargo, los datos expuestos detalladamente en la acusación fiscal refieren que ese 16 de agosto, a las 9:16, Juliana Romero modificó en el sistema “Judisoft” el expediente caratulado “Ramón Mario González Daher s/ testimonio falso”, cuyo juicio se encuentra en etapa final actualmente y cuya información fue reemplazada con datos de la causa “Arnaldo Joel Duré s/ Estafa”, en el sistema informático del Poder Judicial.
Las alteraciones en la carátula, el número de causa y el año, efectuadas por la actuaria del Tribunal de Sentencias N° 21, a cargo del juez Darío Báez, provocaron el extravío del expediente de González Daher. También, que cuando se pretendía hacer una búsqueda de los antecedentes relacionados a la persona, estos no figuren en el sistema.
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Actuaria realizó modificaciones desde su usuario
Según lo señalado por la agente fiscal en su acusación, el 16 de agosto de 2023 Juliana Romero registró en el servidor del Poder Judicial, el inicio de sesión en la red con el usuario “Ju_Romero”, a las 8:19 y cerró sesión a las 14:08, datos coincidentes con su registro de entrada y salida.
Los cambios que no tuvieron autorización alguna se hicieron con el usuario “User_FuncPj_3663″, ligado a la actuaria judicial. La misma habría aprovechado las atribuciones concedidas a su perfil por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
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La finalidad aparente de los cambios fue evitar que se lleve a cabo el juicio oral y público la causa contra Ramón González Daher, que actualmente se encuentra en fase final. La misma está relacionada al robo de los 471 cheques de la bóveda del juzgado del juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, en el año 2021.
En la citada causa, también había sido acusada la abogada Emma González Ramos, quien durante mucho tiempo ejerció la representación legal de González Daher. Pero, a poco de iniciarse el juicio firmó un acuerdo conciliatorio con las víctimas y el Tribunal de Sentencia hizo lugar a la extinción de la acción penal y su sobreseimiento definitivo. La profesional del derecho, sin embargo, enfrenta otro proceso por haber impulsado 155 denuncias falsas por estafa en favor de RGD y en contra de sus víctimas.
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Funcionaria pidió encargarse de la causa y obvió registros
La fiscala Ruth Benítez detalló que en el Tribunal de Sentencia N° 21 contaba con dos funcionarias: Ela Adriana Sánchez y Juliana Romero Maciel, quienes se intercalaban turnos para la recepción de causas. En ese sentido, el expediente de Ramón González Daher debía ser recibido por Sánchez, sin embargo, Romero le pidió a su colega hacerse cargo del mismo.
Es así que, el 8 de agosto de 2023, Romero Maciel asentó en el cuaderno de “Recepción de Expedientes”, detallando que constaba de cuatro tomos con su cantidad de fojas asignadas.
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En el cuaderno, siempre según la Fiscalía, se observó que el expediente de RGD tenía en el Tomo II las fojas 201 al 370 y en el Tomo III las fojas 401 al 600, notándose así un faltante de 30 fojas en el Tomo II. Este detalle no fue observado ni asentado por la funcionaria judicial, que tampoco realizó la primera providencia de “Téngase por recibido el expediente judicial”. Todo esto resalta la fiscala acusadora, pese a contar con una vasta experiencia en el cargo de actuaria judicial, que ocupa desde el 2012.
Por otra parte, se resalta que en el sistema judicial el usuario de Romero tenía dos facultades. La primera le permitía modificar los datos del caso, incluyendo datos de información general, objeto de la causa, movimientos, y otros; en tanto que mediante la segunda podía modificar datos de las partes y el número de expediente, siendo estas acciones las que llevó a cabo.
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Expediente reemplazado por otro que estaba estancado
Otro dato que se destaca en la acusación del Ministerio Público es que la actuaria Juliana Romero Maciel cuenta con un amplio conocimiento relacionado al sistema informático Judisoft.
A esto se suma que la funcionaria incluso prohibía que sus compañeros de oficina se compartan sus respectivas claves y sus usuarios de acceso, así como tampoco permitía que entre los mismos siquiera se impriman documentos con otros usuarios que no fueran los propios.
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También la fiscala resaltó que la causa por la cual había sido modificado el expediente judicial, llamativamente, también estuvo a cargo de la actuaria Juliana Romero.
En ese sentido, se destaca que Romero no solamente tenía conocimiento de las actuaciones procesales que se suscitaban en la causa “Arnaldo Joel Duré s/ Estafa”, sino que además tenía conocimiento sobre que la misma se encontraba pendiente de una resolución judicial para su prosecución, específicamente, un recurso de casación interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia.
En el marco de las investigaciones, el juez Darío Báez había señalado sobre ese hecho en específico que “cualquiera que trabaja conmigo, y más Juliana Romero, que fue mi actuaria, sabe que no tomo la decisión de realizar juicios orales de causas que tienen pendiente recursos”. Para el magistrado resultó bastante llamativo el reemplazo de la causa por una que estaba inactiva.