La actuaria del Tribunal de Sentencias N° 21, a cargo del juez Darío Báez, Juliana Romero Maciel (44), fue acusada el viernes por la fiscala de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos y Lavado de Activos Provenientes de Delitos Informáticos, Ruth Benítez, por acceso indebido a sistemas informáticos, simulación de un hecho punible, frustración de la persecución y ejecución penal y también, realización del hecho por funcionarios, como autora, por la modificación de una causa contra Ramón Mario González Daher, condenado por usura grave y otros hechos.
Según lo señalado por la agente fiscal en su acusación, el 16 de agosto de 2023 Juliana Romero registró en el servidor del Poder Judicial, el inicio de sesión en la red con el usuario “Ju_Romero”, a las 8:19 y cerró sesión a las 14:08, datos coincidentes con su registro de entrada y salida.
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A las 9:16 de ese día, Juliana Romero modificó en el sistema “Judisoft” el expediente caratulado “Ramón Mario González Daher s/ testimonio falso”, cuyo juicio está en curso y cuya información fue reemplazada con información de la causa “Arnaldo Joel Duré s/ Estafa”, en la base de datos del Poder Judicial, siempre según la acusación fiscal.
Los cambios que no tuvieron autorización alguna se hicieron con el usuario “User_FuncPj_3663″, ligado a la actuaria judicial. La misma habría aprovechado las atribuciones concedidas a su perfil por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
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Las alteraciones al expediente digital generaron el extravío de la causa ligada a González Daher, por el cambio de número, año y carátula. También provocó, que cuando se pretendía hacer una búsqueda de los antecedentes relacionados a la persona, estos no figuren en el sistema.
De estos hechos, se tuvo conocimiento recién el 30 de agosto de 2023, cuando la funcionaria judicial Juliana Romero Maciel fue a realizar la denuncia ante la Fiscalía, pero presentándose como víctima de ellos.
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Funcionaria pidió encargarse de la causa y obvió registros
La fiscala Ruth Benítez detalló que en el Tribunal de Sentencia N° 21 contaba con dos funcionarias: Ela Adriana Sánchez y Juliana Romero Maciel, quienes se intercalaban turnos para la recepción de causas. En ese sentido, el expediente de Ramón González Daher debía ser recibido por Sánchez, sin embargo, Romero le pidió a su colega hacerse cargo del mismo.
Es así que, el 8 de agosto de 2023, Romero Maciel asentó en el cuaderno de “Recepción de Expedientes”, detallando que constaba de cuatro tomos con su cantidad de fojas asignadas.
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En el cuaderno, siempre según la Fiscalía, se observó que el expediente de RGD tenía en el Tomo II las fojas 201 al 370 y en el Tomo III las fojas 401 al 600, notándose así un faltante de 30 fojas en el Tomo II. Este detalle no fue observado ni asentado por la funcionaria judicial, que tampoco realizó la primera providencia de “Téngase por recibido el expediente judicial”. Todo esto resalta la fiscala acusadora, pese a contar con una vasta experiencia en el cargo de actuaria judicial, que ocupa desde el 2012.
Por otra parte, se resalta que en el sistema judicial el usuario de Romero tenía dos atributos. El primero le permitía modificar los datos del caso, incluyendo datos de información general, objeto de la causa, movimientos, y otros; en tanto que mediante el segundo podía modificar datos de las partes y el número de expediente, siendo estas acciones las que llevó a cabo.
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Expediente reemplazado por otro que estaba estancado
Otro dato que se destaca en la acusación del Ministerio Público es que la actuaria Juliana Romero Maciel cuenta con un amplio conocimiento relacionado al sistema informático Judisoft.
A esto se suma que la funcionaria incluso prohibía que sus compañeros de oficina se compartan sus respectivas claves y sus usuarios de acceso, así como tampoco permitía que entre los mismos siquiera se impriman documentos con otros usuarios que no fueran los propios.
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También la fiscala resaltó que la causa por la cual había sido modificado el expediente judicial, llamativamente, también estuvo a cargo de la actuaria Juliana Romero.
En ese sentido, se destaca que Romero no solamente tenía conocimiento de las actuaciones procesales que se suscitaban en la causa “Arnaldo Joel Duré s/ Estafa”, sino que además tenía conocimiento sobre que la misma se encontraba pendiente de una resolución judicial para su prosecución, específicamente, un recurso de casación interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia.
En el marco de las investigaciones, el juez Darío Báez había señalado sobre ese hecho en específico que “cualquiera que trabaja conmigo, y más Juliana Romero, que fue mi actuaria, sabe que no tomo la decisión de realizar juicios orales de causas que tienen pendiente recursos”. Para el magistrado resultó bastante llamativo el reemplazo de la causa por una que estaba inactiva.