Hoy, en el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes Contra Periodistas, la comunidad global de derechos humanos mira la precaria situación de seguridad de los periodistas, especialmente en América Latina. En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reafirma su compromiso de defender la libertad de expresión y proteger el periodismo independiente.
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Actualmente, ll trabajo periodístico en Paraguay está marcado por una constante amenaza. Desde 1991 hasta 2023, un total de 20 periodistas fueron asesinados, entre ellos, Pablo Medina Velázquez, corresponsal de ABC Color, y su acompañante Antonia Maribel Almada, quienes fueron emboscados y asesinados en 2014 en Villa Ygatimí, Canindeyú. Este caso, símbolo de la vulnerabilidad de los periodistas paraguayos, evidencia el alto precio que se paga por informar con veracidad en el país.
Paraguay, con desafíos en la libertad de prensa
Un informe reciente, el Índice de Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa, presentado durante la 80ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), revela que la prensa en Paraguay enfrenta serios desafíos.
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Según el informe, “las tensiones políticas afectan a la prensa y a la sociedad civil” en el contexto del actual gobierno de Santiago Peña. Entre los mayores riesgos se encuentra la falta de interés político en la aprobación de una ley de protección integral para periodistas, una herramienta que, de existir, podría brindar mayor seguridad a los comunicadores en situaciones de riesgo.
Las agresiones y amenazas a periodistas en Paraguay son constantes y muchas veces involucran a actores políticos. La SIP informó de al menos 22 incidentes de violencia y amenazas hacia periodistas, además de varios casos de censura que obstaculizan la cobertura de temas sensibles, como la política.
Mujeres periodistas, expuestas a la inseguridad
En su informe, también se señala una preocupación especial por la seguridad de las mujeres periodistas, quienes son particularmente vulnerables cuando cubren temas políticos.
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La falta de investigación por parte del Ministerio Público en casos de violencia y asesinato de periodistas profundiza esta crisis de impunidad y crea un ambiente que intimida a los periodistas y desincentiva el ejercicio libre de prensa.
A menudo, las investigaciones de estos crímenes quedan estancadas y sin información sobre el avance de los casos, lo cual debilita aún más la confianza en el sistema de justicia.