Ante el Juzgado Penal de Garantías de la Circunscripción Judicial de Misiones se presentó y se puso a disposición de la justicia Carla Paola Fernández Llano (42), quien fue imputada por el supuesto hecho punible de estafa, producción y uso de documentos públicos con contenido falso, sobre quien también pesa una orden de captura emanada del Ministerio Público.
Está procesada por el hecho de estafa en el cobro de la indemnización de G. 170 millones de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) a favor de Eliseo Quiroz, por la afectación de una parte de su terreno por el paso de la línea de 500 kV, que va desde la Entidad Binacional Yacyretá, Ayolas, Misiones, hasta Villa Hayes.
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De acuerdo con lo que señaló la jueza, Dora Maciel, la mujer Fernández Llano se presentó ante su juzgado para ponerse a disposición de la justicia. Ella se abstuvo de brindar declaraciones sobre su causa; además presentó el pedido de arresto domiciliario, que le fue rechazado.
“Se presentó ante este juzgado una de las imputadas en el caso de la estafa a la ANDE, cuya víctima es Eliseo Quiroz. En este caso se presentó la abogada Carla Paola Fernández a ponerse a disposición de la justicia, donde le tomamos la audiencia prevista de acuerdo con el artículo 242 del Código Procesal Penal; en ese sentido, ella se abstuvo de prestar o manifestar alguna declaración en relación con la causa”, señaló la magistrada.
Fernández Llano presentó dos inmuebles de la ciudad de Cambyretá, departamento de Itapúa, en carácter de garantía real, así como la tasación respectiva de estos inmuebles, para el pedido de prisión domiciliaria.
“El juzgado no hizo lugar al pedido de arresto domiciliario, ya que los titulares de estos inmuebles no se hallaban presentes en el momento, así como las garantías personales ofrecidas, en este caso la de sus padres, eran insuficientes para garantizar su sometimiento al proceso”, dijo Maciel.
Ella guarda prisión preventiva en la Comisaría Segunda de la ciudad de San Miguel, Misiones. “Fue remitida a dicha comisaría ya que allí se cuenta con personal policial femenino, por lo que este juzgado dispuso que guardara reclusión en el lugar y no en la Comisaría Primera de San Juan Bautista”, comentó.
“El juzgado dio un plazo de ocho días para que los respectivos jefes de las comisarías hagan los trámites administrativos pertinentes ante la Dirección de Institutos Penales para que los imputados sean remitidos a la Penitenciaría Regional”, concluyó Dora Maciel.