Con un llamado a la paz con la naturaleza, líderes indígenas abrieron la Conferencia de las Partes de Naciones Unidas, la COP 16 de Biodiversidad, el domingo pasado, en Cali, Colombia, donde el debate y las negociaciones en torno al tema seguirán durante toda esta semana.
Decenas de representantes de pueblos originarios de todo el mundo hacen parte de la COP con mayor participación social hasta ahora; intercambian conocimiento, debaten sobre el presente y el futuro de la biodiversidad, sobre derechos humanos, voto y territorio, en el Centro de Convenciones Valle del Pacífico, donde se desarrollan las negociaciones.
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Los pueblos indígenas son trascendentales, tienen voz, pero no voto en las negociaciones. Con todo, lograr un voto no es tan fundamental como lograr que se reconozcan los territorios indígenas, explica Albert Chan Dzul, indígena maya de México, coordinador de la región de Mesoamérica dentro del Consorcio Ticca, asociación internacional sin fines de lucro que se dedica a apoyar a los pueblos indígenas. Una vez que los Estados reconozcan los territorios, los demás derechos irán acompañados, asegura Chan.
En la cumbre los indígenas son relevantes, pero su presencia no es financiada por los países, sino por cada organización. O sea, no todos pueden llegar. Desde Paraguay solo un representante indígena logró este año participar: Dierson Piris Isasi, joven proveniente de Curuguaty, Canindeyú, de destacada participación y a punto de recibirse de abogado.
Paraguay y su relación con los indígenas según metas presentadas en la COP 16
Entretanto, la comitiva paraguaya en la COP 16 tiene como principales integrantes a miembros del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), que por primera vez reúne en esta instancia a directores de protección y conservación de biodiversidad, de planificación, de género y asuntos indígenas, resalta Darío Mandelburger, punto focal ante la CDB (Convención de Diversidad Biológica) y jefe de la delegación.
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Pero comparada con la realidad en que viven los pueblos indígenas en nuestro país, las metas por la biodiversidad que Paraguay presenta en la COP 16 y promete cumplir para 2030, suenan hipócritas. Por ejemplo, se habla de municipios con planificación territorial y gestión espacial sostenible y participativa que tenga en cuenta los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Se promete establecer una gobernanza eficaz, equitativa, participativa e inclusiva y el respeto a los conocimientos sobre biodiversidad de los pueblos indígenas.
Además, el Gobierno se plantea como meta: “Para el 2030 se rescatan, reconocen y promueven los saberes ancestrales, conocimientos tradicionales y el patrimonio inmaterial de las comunidades de los pueblos indígenas y comunidades locales, respetando los derechos de autoría individuales y colectivos; a través de procesos plenos y participativos en conformidad a la legislación nacional”.
Metas de Paraguay al 2030, está por debajo de compromiso asumido a nivel mundial
Las metas que el Gobierno presenta en la COP 16 se elaboraron a partir de mesas de trabajo entre jóvenes, comunidades indígenas y otros grupos sociales con el Mades, pero estos objetivos de Paraguay están por debajo de las metas mundiales, o sea, de aquellas con las cuales se comprometieron todos los países en la COP 15.
Por ejemplo, Paraguay promete, “al 2030, al menos el 15% de áreas degradadas de ecosistemas terrestres y acuáticos serán objeto de una restauración efectiva”. El compromiso a nivel mundial es, sin embargo, llegar al 30%.
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Además, Paraguay promete “para el 2030, al menos el 20% del territorio nacional estará protegido mediante áreas protegidas y futuras OMEC (Otras Medidas Efectivas de Conservación)”. A nivel internacional, el compromiso es llegar al 30% de los territorios.
En la “visión país” de Paraguay en la COP 16 también se da realce a los indígenas. “La relación de Paraguay con la naturaleza está profundamente enraizada en su cultura”, señala el documento. “El rescate y la protección de nuestros saberes ancestrales no solo son esenciales para la conservación de la biodiversidad, sino también para mantener viva nuestra conexión con la tierra”, añade y cierra afirmando: “Por ello, un elemento clave en esta estrategia es la participación de las comunidades indígenas”.
Mudar Indi, en vez de atender urgentes necesidades indígenas
Entretanto, en nuestro país el debate se centra esta semana en la mudanza de la sede del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), ente con un presupuesto de apenas G. 73.632 millones este año y con similar monto asignado para 2025.
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El Gobierno anunció que mudará un sector de las oficinas administrativas a Ñemby y el área de la presidencia a Yhu, en Caaguazú, en vez de invertir en soluciones a la crítica situación en que se encuentran las comunidades indígenas. El debate es el lugar a donde mudarán la institución. Vecinos de Ñemby no quieren allí a miembros de pueblos originarios. En protestas, vincularon la presencia de indígenas con inseguridad, drogadicción y violencia. “Sería un infierno”, dijo una vecina.
Mientras, indígenas que acampan hace 9 meses frente al Indi, sobre Artigas, en Asunción, hablan de denunciar al Gobierno por abandono. Piden territorio. Además, los pueblos originarios permanentemente piden agua potable, salud, educación, apoyo para cultivo de alimentos, entre otros derechos básicos, siempre insatisfechos por los gobiernos de nuestro país.