Los imputados, Anadelia Acosta, el abogado Darío Flores, Ovidio Oviedo (novio de Anadelia) y Juan Ramón Acosta (padre de Anadelia), debían presentarse hoy en la fiscalía para declarar sobre el caso del megadespojo de G. 725 millones, pero nuevamente presentaron un pedido de suspensión de la audiencia.
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El abogado Marcial Ayala Caballero presentó un documento solicitando la prórroga de la declaración de los acusados, alegando que en la misma hora tiene un juicio oral fijado anteriormente.
Ante esta situación, la unidad a cargo de la fiscal Norma Salinas tendrá que fijar una nueva fecha de audiencia para brindar el tiempo necesario para que los imputados puedan dar su versión sobre el caso.
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Con esta situación, los implicados buscan en todo momento evitar mostrarse ante la prensa y dilatar el proceso investigativo.
Imputados por complicidad dilatan proceso judicial
Los demás implicados e imputados en grado de complicidad en el despojo millonario de la indemnización de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), María Gloria Olmedo Cuquejo (esposa de Darío Flores) y Claudia Beatriz Aguilar Mendoza (prima de Darío Flores), así como el gerente del Banco Nacional de Fomento del distrito de Repatriación, Armando Javier González Benítez, tenían fijada para esta mañana la imposición de medidas ante el juez penal de Garantías de la Secretaría Nº 5 del tercer turno de Caaguazú, Rafael Domínguez; sin embargo, los sindicados no se presentaron a la audiencia.
María Gloria Olmedo Cuquejo y Claudia Beatriz Aguilar Mendoza presentaron un pedido de nulidad de la imputación fiscal, y el caso fue derivado a la cámara de apelaciones del Poder Judicial.
Por su parte, el gerente del Banco Nacional de Fomento (BNF) del distrito de Repatriación, Armando Javier González Benítez, envió al abogado Alberto Martínez Storn para solicitar copia de la carpeta fiscal y pedir la suspensión de la audiencia, supuestamente para interiorizarse del caso.
La única persona que se presentó fue la cajera del BNF de Repatriación, María Graciela Colmán, quien recibió la orden para efectivizar los cheques a favor de Darío Flores. Ella conoció las medidas judiciales que le fueron aplicadas y presentó un inmueble como fianza real por valor de G. 550 millones para estar sujeta al proceso judicial.