El caso de la presunta deforestación en el distrito de Nueva Germania genera gran preocupación entre las autoridades y la ciudadanía, ya que podría implicar una violación de las normativas ambientales vigentes en nuestro país. La denuncia fue presentada en septiembre ante el Ministerio del Medio Ambiente, señalando la deforestación de más de 300 hectáreas en una zona que se encuentra en el límite entre los distritos de Tacuatí y Santa Rosa del Aguaray.
El fiscal Juan Daniel Benítez, de la unidad especializada en el medio ambiente, anuncia la apertura de una investigación. Junto con un equipo técnico, se trasladarán al sitio afectado para recolectar datos y relevar datos de la deforestación, así como identificar a los responsables. Según las informaciones preliminares, el inmueble habría sido adquirido recientemente por una empresa agrícola S.A., por lo que las autoridades trabajaran en investigar e identificar a los nuevos propietarios y su posible responsabilidad en la actividad denunciada.
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En las zonas afectadas por la presunta deforestación en Nueva Germania y sus alrededores, es común que las estancias utilicen guardias privados para restringir el acceso a las propiedades. Estos bloqueos de acceso se justifican en parte por razones de seguridad, ya que algunas áreas son consideradas peligrosas. Sin embargo, también existe la sospecha de que dichas medidas buscan impedir que se descubran y denuncien delitos ambientales, como la deforestación ilegal.
Mientras tanto, la ciudadanía local se encuentra a la espera de respuestas y acciones concretas por parte de las autoridades ante la denuncia presentada en septiembre. La comunidad ha manifestado su preocupación por la falta de acceso y la posible complicidad o encubrimiento de actividades ilícitas en la zona. El avance de la investigación por parte del Ministerio Público, liderada por el fiscal Juan Daniel Benítez, es crucial para esclarecer los hechos y tomar medidas legales contra los responsables de cualquier violación ambiental que se confirme.
Este bloqueo de acceso y la presencia de guardias privados solo refuerzan la necesidad de una investigación más profunda y transparente, ya que la protección del medio ambiente es de interés público, y las comunidades locales están demandando respuestas urgentes