Según los datos, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) tomó la decisión de despojar a la magistrada rural de su fuero en la última sesión realizada el jueves pasado. La determinación del JEM implica que la jueza, María Monserrat Vera de Errecarte, ya no cuenta con la inmunidad que tenía como magistrada, lo que da vía libre a la justicia ordinaria para investigar y juzgar las acusaciones en su contra.
Se trata de la Causa nº 150/2024, caratulada: “Abg. María Monserrat Vera de Errecarte, Jueza de Paz del Segundo Turno de la ciudad de San Juan Nepomuceno s/ Pedido de desafuero”. La magistrada está procesada por la producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos públicos de contenido falso y prevaricato en San Juan Nepomuceno.
El JEM resolvió “hacer lugar al desafuero”, de la magistrada, María Monserrat Vera de Errecarte, y en consecuencia ponerla a disposición del Juzgado competente para la prosecución del procedimiento penal, que se encuentra en el Juzgado de Garantías de San Juan Nepomuceno, a cargo de Blanca Tilleria.
Lea más: San Juan Nepomuceno: imputan por tres delitos a jueza de paz
Igualmente, el JEM tomó conocimiento el día 17 de octubre de 2024 de los antecedentes. Una vez cumplidos los plazos reglamentarios, se pondrá a consideración del pleno la viabilidad del inicio de una investigación preliminar de oficio o de un enjuiciamiento de la magistrada.
Antecedentes del caso
La jueza de Paz de Segundo Turno de San Juan Nepomuceno, María Monserrat Vera de Errecarte, fue imputada por los tres delitos mencionados por el fiscal de la Unidad 2 de la Fiscalía de San Juan Nepomuceno, a cargo de José Núñez Ruiz Díaz. La imputación se dio en el marco de una denuncia penal presentada por la Municipalidad de Maracaná, distrito de Canindeyú, administrada por José Cantero (PLRA).
La magistrada supuestamente cometió los delitos durante la acción preparatoria de un juicio ejecutivo contra la mencionada comuna, que finalmente derivó en el secuestro y posterior remate de una ambulancia, cuyo costo supera los G. 600.000.000, por una deuda de un poco más de G. 20 millones.
Según los datos, la Municipalidad de Maracaná adquirió una ambulancia de la marca Iveco Daily, tipo furgón, por valor de G. 600 millones. El vehículo fue pagado en dos años, pero quedó una deuda de G. 20 millones por una adenda para la compra de una heladera pequeña, para uso médico dentro del vehículo de emergencia.
Dinero se pagó pero remate siguió igual
La deuda de G. 20 millones, más dos millones como gastos judiciales, fue depositada por la comuna de Maracaná en una cuenta judicial a nombre del juicio ejecutivo presentado por la compañía Imperial Paraguay SRL. Sin embargo, la jueza siguió con el remate.
Llamativamente, la beneficiada del remate judicial fue nuevamente la compañía Imperial, que se adjudicó la ambulancia por la suma reclamada por la misma empresa. El dinero depositado por la comuna de Maracaná fue retirado por una persona que fue autorizada supuestamente por la empresa litigante, Diana Lourdes Ferreira Ferreira, quien sería una cómplice de la magistrada.