La agente fiscal de la Unidad 1 de la Fiscalía de Caaguazú Norma Salinas llegó en la mañana de este martes hasta la sede del Banco Nacional de Fomento (BNF) de la ciudad de Repatriación con el objetivo de recabar datos sobre la megaapropiación de indemnización que expidió la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) para dos familias de escasos recursos. La funcionaria pública Anadelia Acosta Armoa aparece como la principal sospechosa.
Los cheques emitidos por la ANDE suman G. 725 millones por una indemnización para las familias que perdieron a sus seres queridos en agosto pasado a causa de un cable suelto y fue efectivizado por una apoderada, la funcionaria de Diputados, quien se habría apropiado del dinero.
Acompañan la intervención autoridades del BNF que se trasladaron hasta Caaguazú desde la capital del país, donde se encuentra la sede central.
El objetivo es contar con elementos necesarios que sumen a la investigación de presunta apropiación, en que son investigados como principales responsables: el abogado Darío Flores y la funcionaria de la Cámara Baja Anadelia Acosta Armoa.
La fiscala ya cuenta con el circuito cerrado de las personas que realizaron el cobro y pago del cheque. “Todos los involucrados ya fueron identificados”, refirió.
“Estamos cerrando el círculo de investigación atendiendo a todos los elementos colectados. Vinimos a recabar los datos de las personas que realizaron el pago de los dos cheques que faltaba incorporar a la carpeta. También fueron identificadas las personas que realizaron el cobro”, indicó.
Agregó que en las últimas horas tomará decisiones respecto a posibles imputaciones. Sobre los funcionarios del banco, dijo que también hay responsabilidad del cajero y del gerente.
Sustracción del dinero
Según la fiscala Norma Salinas, a la familia de Acosta Contrera solo entregó G. 45 millones y a la de Ramírez Casco G. 30 millones. Se habría quedado con G. 725 millones.
Se dice “abogada” pero no obran registros oficiales de dicho título
Anadelia Acosta presentó declaración jurada de bienes ante Contraloría el pasado 30 abril, donde reportó un patrimonio neto en negativo, con cero activos y un pasivo de G. 15 millones, correspondiente a una deuda con el Banco Nacional de Fomento (BNF).
Solo siete meses después de declararse en quiebra, celebró en redes la compra de una camioneta Kia Sorento de paquete.