Anadelia Acosta Armoa (32) es una de las principales acusadas de formar parte de un esquema armado para la apropiación de G. 725 millones de un total G. 800 millones de la indemnización que destinó la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) para las familias de dos personas que fallecieron a raíz de una electrocución en la compañía Jagua Kai de Caaguazú.
La mujer aparece como funcionaria permanente del Congreso Nacional, comisionada a la Municipalidad de R.I. 3 Corrales, con un salario total de G. 5.500.000. Está ligada a varios referentes colorados cartistas, como el diputado nacional Miguel Del Puerto, vicelíder de la bancada de Honor Colorado.
La agente fiscal Norma Salinas, quien investiga un caso inicialmente caratulado como presunta apropiación, detalló que, coincidentemente con el hecho, Acosta Armoa se compró una camioneta Kia Sportage cero kilómetros y lo divulgó en sus redes sociales.
En los registros del Congreso, figura como asesora y abogada. Sin embargo, no se encontraron datos de su título y la misma fiscala señaló que no cuenta con registro para ejercer el derecho.
En su declaración jurada presentada en abril del 2024 no figuran bienes a su nombre, pero sí una deuda de G. 15 millones y una prestación alimentaria mensual de G. 4.800.000.
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Al menos nueve involucrados en el esquema
La fiscala detalló que hay al menos nueve personas involucradas en el esquema que se formó para apropiarse del dinero de dos familias. Una de ellas recibió solo G. 45 millones del total de G. 400 millones que debía percibir en concepto de indemnización por la muerte de Antonio Acosta Contrera (53), quien se encontraba trabajando en un alambrado junto con Mariano Ramírez Casco (43) cuando un cable de la ANDE ocasionó la muerte de ambos.
La otra familia recibió apenas G. 30 millones, también de un total de G. 400 millones. La fiscala resaltó que en este caso la mamá del fallecido es sumamente humilde y analfabeta, vive en una casita de madera sin piso y ni siquiera llegó a utilizar el dinero que percibió, para honrar la memoria de su hijo, quien era su principal sustento.
Acosta Armoa fue quien se acercó a ambas familias para ofrecerse a hacer las gestiones para el cobro de la indemnización por la muerte de las dos personas, junto con un abogado. Ambos les hicieron firmar numerosos papeles y las engañaron al decir que cobraron sumas mucho menores a las que realmente entregó al ANDE.
A una familia le dijeron que cobraron G. 50 millones y le sacaron de vuelta G. 5 millones por cobro de honorarios. A la familia más humilde le dijeron que solo cobraron G. 40 millones y le retiraron de vuelta G. 10 millones en concepto de honorarios.
Involucrados quieren devolver G. 200 millones
La agente fiscal comentó en contacto con ABC Cardinal que los involucrados están ofreciendo devolver apenas G. 200 millones del total de 725 que sustrajeron. “Están desesperados tratando de encontrar la plata que ya dilapidaron”, destacó y añadió que otros de los involucrados ya empezó a construir una vivienda también en coincidencia con este hecho.
Entre los sospechosos figuran además funcionarios del Banco Nacional de Fomento en Repatriación, pues los cheques entregados por la ANDE solo podían ser efectivizados por los beneficiarios, pero fueron retirados por terceras personas. Además, ellas utilizaron un poder especial que debía estar inscripto en los registros públicos, pero no lo estaba.
Incluso señaló que en esa sucursal el tope de entrega en efectivo es de apenas G. 30 millones en ventanilla. La fiscala hizo énfasis en que en estos seis días de investigación ya recabaron muchos datos, inicialmente investigan una apropiación, pero se sumarían otros tipos penales como estafa y lesión de confianza, si logran comprobar que los involucrados mintieron a las víctimas y usaron documentos que no correspondían, para ejecutar el cobro del dinero.
La ANDE se sumará a la demanda
El director de Asesoría Legal de la ANDE, Nelson Medina, declaró que desde la institución están “espantados, asombrados e indignados” con la situación. Señaló que tomaron conocimiento del hecho la semana pasada a raíz de publicaciones de medios locales.
Descartó por completo que exista complicidad de funcionarios de la ANDE. “El hecho grave es el cobro irregular par parte de terceras personas, de cheques que llevan la leyenda de ‘no transferible’. Eso la ANDE lo realiza por una cuestión de seguridad misma, está protocolizado en la escritura pública”, detalló para ABC Cardinal.
Medina confirmó que los representantes legales de la ANDE se trasladaron hoy a Caaguazú y presentarán también una denuncia.
Agregó que lo evidente es una directa complicidad de personas que trabajan en el banco, pues es donde no se debía haber entregado la millonaria suma a personas cuyos nombres no figuraban en los cheques.