El juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú, suspendió la audiencia preliminar del exministro del MOPC Ramón Jiménez Gaona y la exviceministra Marta Benítez, prevista para mañana 8 de octubre y el miércoles 9 del mismo mes, acusados en el caso metrobús por la fiscala María Estefanía González, quien precisamente pidió que no se haga la diligencia.
Según los datos, la agente fiscal hizo su pedido en vista a que la audiencia preliminar a Jiménez Gaona y Benítez, coincidiría con el acto de juramento y toma de posesión a su nuevo cargo como fiscala Adjunta del Ministerio Público, que se hará el miércoles 9 de octubre a las 12:00, y para el cual fue asignada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el pasado 2 de octubre.
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Atendiendo al pedido hecho por la fiscala María Estefanía González y que el caso metrobús quedaría así sin fiscal a cargo, el juez Humberto Otazú remitió oficios a la Fiscalía General del Estado (FGE) a modo de que se asigne un nuevo agente fiscal de cara a la audiencia preliminar, que ante este panorama aún no tiene fecha.
A todo esto se suma, que este martes el Tribunal de Sentencias que tiene a su cargo el caso por la quema de “Colorado Róga” estaría dictando sentencia para así dejar libre a la fiscala María Estefanía de cara a su juramente como fiscala Adjunta.
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Fallido proyecto del Metrobús causó perjuicio de US$ 25 millones, según Fiscalía
Según la acusación fiscal, el daño patrimonial que fue ocasionado al Estado paraguayo es de G. 180.030.528.699 (unos 25 millones de dólares al cambio actual) por el pago de un total de 29 certificados de obras a favor de la firma Mota-Engil Ingeniería y Construcción SA, teniendo en cuenta que por dicha suma terminó recibiendo una obra inconclusa e inviable a consecuencia de las conductas de los ahora acusados.
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La fiscala María Estefanía González señala en el escrito acusatorio que Ramón Jiménez Gaona, en función de ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, en el periodo el año 2013 al 2018, dentro del marco del proyecto metrobús, no protegió el interés patrimonial del Estado, de cuya consecuencia se generó el pagó 29 certificaciones por un valor de US$ 29 millones, por una obra inconclusa que no sirve para beneficio de la ciudadanía.
En cuanto a la exviceministra Marta Regina Benítez Morínigo (en el cargo en el periodo 2016 - 2018), la fiscalía señala que estando en ejercicio de ministra interina del MOPC firmó el convenio modificatorio Nº 4 al contrato con la empresa Mota-Engil Ingeniería e Construcción S.A. por el cual se aumentó el contrato en G. 103.483.670.390, causando menoscabo al interés patrimonial del Estado antes de protegerla.
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Entre las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público destacan las declaraciones de funcionarios de Contraloría General de la República, que realizaron los estudios pertinentes y elaboración del informe final de auditoria de cumplimiento al MOPC, de frentistas, quienes expusieron los pormenores del estado calamitoso que vivieron durante el desarrollo de la construcción y posterior al abandono de la obra.
Graves deficiencias detectadas por la Fiscalía
En total son ocho los hechos que la fiscalía inculpa al exministro Jiménez Gaona, como la falta de liberación de la franja de dominio, la no obtención de permiso de las municipalidades afectadas, se inició la obra sin diseño final, la no aplicación de multas a la contratista de la obra (la portuguesa Mota Engil), la construcción de desagües inadecuados, así como varios hechos más, que causaron un perjuicio al Estado, según el documento de 51 páginas que fue admitido este lunes por el juzgado.
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Entre los puntos más resaltantes, la fiscala González evidenció en su acusación que con la firma del contrato con Mota Engil, el 31 de marzo del 2016, Jiménez Gaona “vulneró y desprotegió el patrimonio del Estado paraguayo, tolerando, permitiendo e incumpliendo las exigencias requeridas de manera previa y durante la ejecución del metrobús, cuya consecuencia hizo inviable la culminación de los trabajos emprendidos por la firma en el marco del proyecto corredor principal tramos 2 y 3″.
En este sentido, resaltó que el exalto funcionario licitó la obra sin haber formalizado el acuerdo entre el MOPC y la Municipalidad de San Lorenzo, transgrediendo lo dispuesto en la Ley N° 5133/13 que aprobó los contratos de préstamos con el BID y otros organismos para la financiación de la obra.
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Agregó que, hasta el año 2018, la administración de Ramón Jiménez Gaona no contó con la autorización de la Municipalidad de San Lorenzo así como tampoco con la autorización de la Comuna de Asunción, a pesar de que en ese año se dio el cese de la construcción por parte de la empresa contratista, según puntualiza la acusación fiscal.