Esta semana, fue publicado en el Portal de la Presidencia el decreto N° 2.628, mediante el cual el Presidente objetó por completo la ley N° 7.318, sancionada en el Congreso la semana pasada. La iniciativa tiene como objeto establecer los procedimientos para la implementación de la carrera profesional y técnica del agente penitenciario, así como los procesos de reclutamiento, selección, incorporación, evaluación del desempeño, capacitación, promoción, movilidad y retiro.
Se aclara que el Gobierno se encuentra convencido de la necesidad de una reforma del sistema penitenciario nacional. Sin embargo, se indica que es “imprescindible que la ley cuente con un marco jurídico claro y consistente, además de asegurar el cumplimiento sostenible y conducente de los propósitos que lo motivaron”.
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En ese sentido, consideran que el proyecto de ley no cumple con esos requerimientos y que presenta “importantes e insalvables cuestionamientos en cuanto a la idoneidad de los medios propuestos para el logro de los objetivos, los costos asociados, así como la viabilidad y efectividad de la implementación y su u alineación con los más modernos estándares internacionales en la materia”.
En primer lugar, se indica que el proyecto supone un incremento en el egreso público, “sin que su viabilidad, necesidad, razonabilidad u optimización hayan sido debidamente analizadas” por las instituciones competentes en la materia, por lo cual el Ministerio de Economía desaconsejó su promulgación.
Se advierte que esta ley tendría un impacto presupuestario que afectaría la sostenibilidad fiscal, sin que se puedan garantizar los ingresos que garanticen el financiamiento.
Según la Presidencia, el impacto presupuestario sería de G. 112.850.000.000, solamente en el primer año, pues implicaría la incorporación sin concurso de 1.135 personas como funcionarios permanentes y 227 de ellos tendrían cargo de directores.
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Además, en el decreto se indica que la Abogacía del Tesoro concluyó que el proyecto de ley permite la incorporación automática de personas a la función pública. Según dicha institución, esto “podría derivar en un trato diferencial no debidamente justificado en detrimento de otros servidores públicos, ya que no estaría en línea con los principios que sirven de base a la ley que actualmente rige a la función pública”.