El grupo de padres de familia y docentes de la escuela “General de División Adrián Jara” de Luque señaló que la directora Liliana Ramírez habría desviado aproximadamente G. 13 millones, provenientes del fondo de gratuidad que otorga el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Según los denunciantes, la directora presentó facturas y documentos que justifican gastos por fumigación y cambios de picaportes, pero aseguraron que estos trabajos no se realizaron en la escuela.
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“Las fumigaciones las hizo la Municipalidad de manera gratuita, y no se cambió ni un solo picaporte”, afirmó uno de los padres. Además, exigen que, si no se puede recuperar el dinero, al menos se destituya a la directora de su cargo.
Problemas del sistema eléctrico y peligros para los alumnos
A las denuncias de malversación se suman graves problemas de infraestructura, particularmente en el sistema eléctrico. La comunidad educativa describe la situación como “una bomba de tiempo”.
La escuela fue creciendo en tamaño con el tiempo y no cuenta con una red eléctrica adecuada para soportar la carga de los aires acondicionados, lo que genera constantes bajones de luz. Los cables se derriten y las llaves eléctricas se disparan.
Un electricista que inspeccionó la escuela advirtió que el sistema eléctrico actual es un peligro inminente, especialmente considerando las altas temperaturas que obligan a utilizar los aires acondicionados.
La directora guarda silencio
Consultada sobre las acusaciones, la directora Liliana Ramírez indicó a través de nuestro medio que actualmente está hospitalizada en el Instituto de Previsión Social (IPS) y que, por el momento, no dará declaraciones. Mientras tanto, los padres y docentes han presentado una nota formal al MEC, solicitando la intervención de las autoridades.
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El plantel docente expresó su rechazo a las decisiones unilaterales que tomó la directora sin consultar a la comunidad educativa. En la carta dirigida a la Supervisora Administrativa del MEC, subrayan que ninguna de las decisiones financieras contó con el consenso de los padres y/o docentes, y exigen explicaciones detalladas sobre el manejo de los fondos.
Mientras esperan respuestas, los padres y docentes aseguran que no cesarán en su lucha hasta esclarecer las irregularidades y garantizar que la escuela vuelva a ser un espacio seguro y transparente para sus hijos.