Vecinos de la Comisión Vecinal Barrio Pinozá hicieron una pollada el pasado 15 de setiembre, lo que dejó en vergonzosa situación a la Municipalidad de Asunción, administrada por el intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR - cartista). que justo ese día, domingo, viajaba a Miami, Estados Unidos, para una capacitación, según él, en respuestas a catástrofes.
La razón de la pollada fue que, según los vecinos, primero no tenían respuesta de la Municipalidad y luego, cuando se supo que realizarían la actividad, les dijeron que podían arreglar el asfalto y las veredas, y de hecho iniciaron algunos trabajos, pero los funcionarios les indicaron que no había plata para los materiales de construcción, acorde las denuncias.
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Esta semana ya se pueden ver los avances de las obras, que son celebradas por los vecinos, quienes, gracias a la pollada colectaron fondos y compraron el cemento para las veredas, además de conseguir otros materiales como donación. Estas pertenecen a dos colegios públicos que demuestran estar abandonados en infraestructura, pero que reciben a cientos de estudiantes todos los días.
“¡Los vecinos están muy emocionados! Es tan fácil agradar a los ciudadanos de este país. Así con ganas todos vamos a pagar los impuestos, seguros de que sabemos y vemos qué se hace con el dinero abonado”, indicó Marta Riveros, líder vecinal.
Nenecho es investigado por desviar dinero que era para obras
El intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez es investigado por la Fiscalía justamente por el desvío de fondos que debían ser para obras. Una investigación de ABC reveló que el intendente desvió unos G. 500.000 millones en bonos, de las cuentas oficiales de la comuna a otras cuentas, desde donde se hacían retiros de cheques, transferencias y hasta pago de salarios. Mientras tanto, los trabajos ni si quiera habían empezado. Esto fue confirmado por la Contraloría General de la República.
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Asimismo, Nenecho está imputado por lesión de confianza y asociación criminal en el caso conocido como “detergentes de oro”, que tiene que ver con compras de emergencia realizadas en pandemia. En este caso, la Fiscalía habla de un perjuicio patrimonial de G. 1.800 millones.