En sesión ordinaria de este jueves el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), tiene previsto dar tratamiento a las acusaciones presentadas por la familia del fallecido diputado colorado cartista Eulalio “Lalo” Gomes Batista, durante el allanamiento a su vivienda por Pavo Real Py II, contra el juez penal de garantías Especializado en Crimen Organizado, Osmar Legal.
Igualmente los familiares de Lalo Gomes habían acusado a los fiscales de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico y Cirmen Organizado, Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres. En ambos casos, los señalamientos del abogado de la familia del legislador, Oscar Tuma, fue el mal desempeño de funciones.
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En cuanto a la causa contra el juez Osmar Legal, el JEM estudiará el pedido de desistimiento de la misma, pero esto se debe a que será acumulada con el expediente que está relacionado con los representantes del Ministerio Público, de acuerdo con lo que señalaron fuentes.
El representante de la familia Gomes señaló la acusación contra el magistrado y los agentes fiscales, que hubo una incorrecta descripción del lugar a allanar, así como tampoco hubo aclaración de quiénes podían ser detenidos, y el principal cuestionamiento fue el horario en el que se practicó el allanamiento.
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Amenazas a fiscales del caso Pavo Real Py II
De acuerdo con fuentes del Ministerio Público, mientras aún se realizaban las diligencias relacionadas al levantamiento de evidencias, tanto en la casa del diputado Eulalio “Lalo” Gomes y de su hijo, Alexandre Rodrigues Gomes, los fiscales intervinientes fueron amenazados con ser denunciados ante el JEM con pedido de su inmediata suspensión.
Es más, el 19 de agosto pasado, mismo día en que se llevaron a cabo los allanamientos a los domicilios del legislador y su hijo, situados en Pedro Juan Caballero, el diputado colorado Orlando Arévalo, representate de la Cámara Baja ante el JEM, remitió nota dirigida a la presidenta del órgano extrajudicial Alicia Pucheta, solicitando convocar a una sesión extraordinaria para analizar la inmediata suspensión de Legal, Segovia, Cubilla y Cáceres.
Si bien la sesión extraordinaria se llevó a cabo, se estableció un plazo hasta el próximo 18 de setiembre, para ejercer el poder de oficio, en caso de que no se presentara acusación contra los intervinientes. Sin embargo, la familia del fallecido sí presentó escrito acusatorio.
Otras fuentes también dieron cuenta de que actores políticos habrían acudido a integrantes del Jurado, aparentemente con el fin de presionar para que se dicte o imponga rápidamente una sanción. Desde otros sectores, incluso exigieron la destitución de los fiscales y el magistrado.