La problemática del mercado negro de los residuos, en el que una de sus patas es el robo de cables para obtener el cobre que es vendido a empresas ilegales, fue abordada por la Comisión Nacional de Defensa de Recursos Naturales (Conaderna) del Senado. El tema se debatió con varias instituciones del sector privado y público y se pretende crear una ley “Que regula el comercio de residuos de metales ferrosos y no ferrosos, y plásticos de polietileno tereftalato”
Uno de los entes de Gobierno presente fue el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades). Su vocero, el Ing. Ovidio Espínola, también se refirió al caso y dijo que hay empresas de chatarrerías que no cumplen con normativas municipales y tampoco la ley de evaluación de impacto ambiental, por lo que existe un bajo porcentaje que cumple y por eso hay mucha informalidad.
Esta declaración de impacto ambiental tiene como objetivo que dentro de ese marco todos los que se dedican al ciclo de vida de esta actividades deban tener un plan de gestión ambiental para mejores prácticas ambientales con las tecnologías disponibles, señaló.
“Hay obligaciones específicas para los municipios, en relación a los residuos de metales ferrosos de uso doméstico o comercial y la competencia de regulación con un plan, recae en las municipalidades. Apenas 56 municipios, de los 260, presentaron ese plan para controlar y solo a 15 el Mades les aprobó”, lamentó. Son herramientas para regular este tipo de materiales, remarcó.
Resaltó que se tiene como país compromisos internacionales para una gestión diferenciada. Hay metales peligrosos y no peligrosos. Los cables están en el grupo de residuos y aparatos electrónicos. Comentó que existe un formato de resolución de cómo se deben gestionar. “Eso no se puede manejar entre la chatarra”, dijo.
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Negocio comienza con acopiador o reciclador, afirmó
En otro momento, expresó que el negocio de los desperdicios comienza desde el pequeño acopiador o reciclador en lugares donde se generan.
“La trazabilidad debe comenzar con los acopiadores locales. Se les tiene que exigir que junten de sitios donde el cobre no fue robado. Un cable de cobre que viene desnudo, evidentemente es robado porque el que robó, quemó y vendió. En un acopiador de barrio con su depósito de chatarra ahí habría que comenzar la trazabilidad”, enfatizó. Una posibilidad es que los acopiadores tengan una licencia.
Admitió que las instituciones son débiles y si no hay sinergia es muy difícil combatir esta informalidad”, mencionó.
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En los últimos tiempos, se hizo un proceso de formalización de recicladores, con lo que se busca detectar las operaciones de la trazabilidad para atrás.
“Al existir una zona gris, con empresas que llegan a evadir hasta el 98% de valor, lógicamente no necesitan documentación de compra y por ende no hay trazabilidad”, señaló en la reunión, otro de los sectores que busca esta ley, que es la Cámara de Industrias Sustentables del Paraguay (CISPy), cuyo presidente es Carlos Mangabeira Cano.