El intendente municipal de Asunción, Óscar Andrés “Nenecho” Rodríguez Quiñónez, fue convocado para el próximo 3 de octubre a las 8:30, para su audiencia de imposición de medidas por el juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia. El jefe comunal fue imputado el lunes último en el caso “detergentes de oro” por los hechos de lesión de confianza y asociación criminal, por los fiscales Jorge Arce, Silvio Corbeta y Marlene González, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.
El magistrado admitió la imputación planteada por los representantes del Ministerio Público y, de esta forma inició formalmente el proceso penal en contra de Óscar “Nenecho” Rodríguez y otras 21 personas, entre ellas funcionarios municipales y vinculados a empresas que simularon la provisión de productos de limpieza durante la pandemia por covid-19.
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Los agentes fiscales solicitaron medidas alternativas a la prisión preventiva para los 22 procesados. En este contexto, el petitorio dirigido al juzgado abarca la obligación de presentarse periódicamente ante el juez, la prohibición de salir del país o ámbito territorial que fije el juez, así como la prestación de una caución personal o real adecuada, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca, entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas.
La investigación del caso conocido como “detergentes de oro” inició tras la denuncia presentada Kathya González, Celeste Amarilla y Sebastián García, los concejales Sandra Benítez, Elvio Segovia, Álvaro Grau y Rodrigo Boungermini, y los abogados Rosa Martínez de Vacchetta y Eduardo Nakayama, con relación al año 2020.
Sin embargo, el Ministerio Público también añadió el periodo 2021, tras observar un contrato de este año que no era parte de la denuncia ni del informe de la Contraloría General de la República (CGR), por lo iniciaron la pesquisa de oficio la notar que en ambos periodos figuran involucradas las mismas empresas, de acuerdo con lo que indicó uno de los investigadores.
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Audiencias del 3 al 10 de octubre para los procesados
Igualmente el juez Rodrigo Estigarribia convocó para el viernes 4 de octubre, a partir de las 8:30, a César Daniel Ojeda Figueredo (ex intendente interino), Nidia Rosa López de González (ex directora General de la Dirección General de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastre Municipal), Édgar Fabián Estigarribia Gavilán (ex director General Interino de la Dirección General de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres, Wilfrido Adrián Cáceres Flores (ex director General de Administración y Finanzas).
En tanto que para el lunes 7 de octubre, desde las 8:30, están convocados para la audiencia de imposición de medidas Edwin López Cattebek (ex director General de Administración y Finanzas en reemplazo de Wilfrido Cáceres), Enrique Antonio Chávez Benítez (ex Jefe del Departamento Financiero de la Dirección Administrativa), Ernesto Javier Armoa Ramírez (ex coordinador General de la Dirección de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres), Víctor Ramón Frágueda Ortiz (ex jefe del Departamento Administrativo de la Dirección Administrativa) y Jorge Alberto Ruíz Díaz (ex jefe del Departamento Financiero de la Dirección Administrativa).
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De la misma forma, para el 8 de octubre a partir de las 8:30 están citados: Elisa Nathalia Brítez Carrera (Asesora Administrativa de la Municipalidad), David Fernández Rachid (socio y representante legal de DFR SA), Agustín Fernández Estigarribia (socio de la firma DFR SA), Miguel Ángel Lisboa Pereira (socio y representante legal de DFR SA) y Juan Rodríguez (dueño de la firma Cova).
Para el 9 de octubre, desde las 8:30, por su parte deben comparecer para la diligencia judicial: Jorge Daniel Argüello Vielma (trasladó supuestamente los productos a nombre de la firma Cova), María Victoria Cano Torres (representante legal de Bastian Comercial), Pedro Ramón Cano Martínez (ligado a la firma Bastian Comercial de María Victoria Cano Torres), Antonio Sebastián Cano Villagra (ligado a la firma Bastian Comercial de María Victoria Cano Torres) y Benicio Antonio Cano Martínez (tío de María Victoria Cano y representante legal de las empresas Comercial “La Asuncena” SRL y Distribuidora DIEST Medicinal).
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Y para el 10 de octubre desde las 8:30, deberán presentarse ante el juzgado de Rodrigo Estigarribia los procesados Darío Arturo Aquino Insaurralde (ligado a la firma Bastian Comercial de María Victoria Cano Torres) y María Digna Méndez Escobar (representante lega de la firma M&F Industrial y Comercial Representaciones SA).
Perjuicio patrimonial causado por Nenecho ronda los G. 1.830 millones, según Fiscalía
Según la imputación fiscal el intendente de Asunción Óscar “Nenecho” Rodríguez y otras 21 personas, entre ellos funcionarios de la comuna, entre enero y diciembre de 2020, dentro de la emergencia sanitaria por covid-19, la Municipalidad capitalina efectuó ocho contrataciones por G. 6.944.903.320, con recursos presupuestarios del Objeto de Gasto (OG) 831, que contempla el “aporte a entidades con fines sociales y al fondo nacional de emergencia”.
Por Ordenanza N° 256/2019, se aprobó el presupuesto de la Municipalidad, para el Ejercicio Fiscal 2020, a través del cual destinaron G. 1.532.611.070.136, de los cuales G. 16.815.109.669 se asignaron a la gestión y reducción de desastres, y para el OG 831, incluido en ese programa, se dispuso la suma de G. 12.000.000.000.
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En noviembre de 2020, mediante la Ordenanza N° 311, se amplió a la suma de G. 18.500.000.000 el presupuesto del OG 831, que según dictaminó la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), no tiene atribuciones para verificaciones, lo que fue aprovechado por Nenecho Rodríguez.
Tras declararse la emergencia sanitaria en 2020, la Dirección General de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres llamó para contratar para la provisión de detergentes desinfectantes de áreas y de superficies de alto contacto, de origen francés, y toallitas.
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Así, por el Contrato N° 12 fueron adjudicadas las firmas “invitadas” DFR SA, COVA de Juan Rodríguez y Bastian Comercial de María Victoria Cano Torres, con el 50%, el 30% y el 20% del contrato, respectivamente. Esto, sin tener en cuenta que no tenían respaldo ni experiencia para proveer los insumos. En julio de ese año, por el Contrato N° 16, la adjudicación fue igual para las tres firmas.
Las empresas debieron entregar una cantidad, pero con la complicidad de funcionarios municipales simularon, en las facturas, la entrega de un lote mayor al que realmente entregaron. Con esto, según la Fiscalía, DFR SA causó un perjuicio de G. 612.198.750; Cova, de G. 414.112.050 y Bastian Comercial, de G. 280.104.700, alcanzando un total de G. 1.306.415.500.
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Para el Contrato N° 06, se hizo el mismo procedimiento, fueron invitadas las firmas Cova de Juan Rodríguez, Bastian Comercial de María Victoria Cano Torres, M&F Industrial y Comercial Representaciones SA, Comercial San Miguel de Carmen Alberdi, Ferreteria Internacional SA y DFR SA.
El 8 de febrero, tras la apertura de sobres, se adjudicó a Cova con el 50%, M&F con el 30% y Bastian Comercial, con el 20%. La segunda, no presentó documentos para ser evaluada, y las otras, lo hicieron recién el 26 de febrero.
Nuevamente, tenían que entregar una cantidad, otra vez simularon la entrega de un lote mayor al que realmente entregaron. Así, Bastian Comercial causó un perjuicio de G. 112.072.500; M&F, de G. 151.900.000; y Cova, de G. 260.105.000, alcanzando así de G. 524.077.500, que, sumado al del 2020, alcanza un total de G. 1.830.493.000, por la compra de “detergentes de oro”.