El exgobernador del departamento Central, Hugo Javier González Alegre, conocido como el “Número 2″, Cirilo Daniel Darmanás Flores, presidente del Consejo Regional de Salud del Departamento Central (hasta el mes de junio 2020), y Aníbal Andrés Delvalle Cogliolo, tesorero del Consejo Regional de Salud del Departamento Central, fueron convocados para el 10 y 11 de setiembre, a las 8:00, por el juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, para intentar sustanciar la audiencia preliminar, en el caso del presunto desvío de los G. 18.350 millones de la Gobernación.
De la misma forma, están citados para para el 19 y 20 de setiembre, a las 8:00, para su audiencia preliminar, Fernando Brítez Sánchez, exsecretario de Desarrollo Sostenible; Esteban Álvarez Quevedo, presidente de la Asociación Plantemos Conciencia; Blas Oddone, presidente de la Asociación Eco Desarrollo para la Promoción del Desarrollo Sostenible con Energías Renovables; Gloria Barrios, tesorera respectivamente de la Asociación Eco Desarrollo para la Promoción del Desarrollo Sostenible con Energías Renovables, y Juan Caballero Villalba, tesorero de la Asociación Plantemos Conciencia.
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La diligencia debió realizarse entre los días 21 y 23 de agosto, sin embargo, fue suspendida debido a que uno de los defensores, el abogado Fausto Portillo, recusó al magistrado basado en lo establecido en el Artículo 16 de la Constitución Nacional y el Artículo 50 inciso 8 del Código Procesal Penal. El referido artículo señala como motivo de recusación “haber intervenido en el procedimiento como parte, representante legal, apoderado, defensor, perito o testigo”. Esta fue la cuarta recusación planteada contra el juez Estigarribia.
La acusación fiscal fue presentada el 26 de setiembre de 2023, por parte del fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Silvio Corbeta Dinamarca, por la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, apropiación, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, por la supuesta “tragada” de G. 18.384.427.005, entre marzo del año 2019 y diciembre de 2020, de la institución.
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Los demás acusados en la causa son Javier Marcelo Rojas Giménez, ex director de Administración y Finanzas de la Gobernación; Juan Vicente Caballero, tesorero de la Asociación Plantemos Consciencia; Cirilo Darmanas Flores y Aníbal Andrés Delvalle Cogliolo, presidente y tesorero del Consejo Regional de Salud de Central.
Acusación por desvío de G. 18.300 millones
Al inicio de la audiencia preliminar el fiscal Leonardi Guerrero, interino en la causa ante las vacaciones del agente Silvio Corbeta, ratificó la acusación y resaltó que todos los acusados habrían formado parte de un esquema delictivo que se montó para el desvío de fondos de la Gobernación de Central, a través de erogaciones irregulares realizadas mediante 51 resoluciones firmadas por el entonces gobernador Hugo Javier González Alegre.
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El agente del Ministerio Público agregó que las transferencias para la presunta ejecución de los 51 proyectos fueron a favor del Consejo Regional de Salud del departamento Central, el Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), la Asociación Plantemos Conciencia, el Centro Nacional de Organizaciones Populares (CENOP) y la Asociación Ecodesarrollo.
De acuerdo a la acusación ratificada por Guerrero, las transferencias autorizadas entre marzo del año 2019 y diciembre de 2020 fueron hechas indebidamente, ya que no se habría cumplido los requisitos establecidos en las normas.
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De los G. 24.424.032.733 desembolsados, la Fiscalía asegura en la acusación que el daño patrimonial causado a la Gobernación de Central asciende al monto total de G. 18.384.427.005, según puntualizó el agente fiscal.