El juez penal de Garantías Especializado contra Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia admitió la acusación contra los dirigentes del Club Resistencia Roberto Damián Garcete Rodríguez (vicepresidente 1°) y su hijo Roberto Alejandro Garcete Cano (presidente), que elevó a juicio oral y público la causa penal por presunta usura y lavado de dinero.
El magistrado hizo lugar al pedido de la fiscala Belinda Bobadilla, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción; y rechazó los incidentes de nulidad de la acusación y sobreseimiento definitivo, planteados en la audiencia preliminar por el Abg. Christian Tuma, defensor de padre e hijo.
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La defensa también pidió al juzgado de Garantías que declare el abandono de la querella representada por la víctima Miguel Britos, así como la prescripción de la presente causa por supuesta falta de acción; pero ambos incidentes tampoco fueron admitidos por el juzgado.
Finalmente, Estigarribia rechazó incluir como prueba la declaración de un perito tasador y un perito contador, pero admitió otros elementos propuestos por la defensa.
Esposa e hija de Roberto Garcete, sobreseídas
Por otro lado, a pedido de la fiscala Belinda Bobadilla, el juez Rodrigo Estigarribia dispuso el sobreseimiento definitivo de las procesadas Lida Concepción Cano de Garcete y Fabiana Soledad Garcete Cano, esposa e hija de Roberto Damián Garcete Rodríguez.
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Por su parte la escribana María de Lourdes Duarte Franco, también acusada por la fiscalía por presunto lavado de dinero y delitos contra la prueba documental, está convocada para el 3 de setiembre, para por su audiencia preliminar.
Acusación por esquema de usura ligado a RGD
Este caso se inició en junio de 2013 cuando Eladio Miguel Britos, necesitando capital operativo para cumplir con trabajos de construcción que habían sido adjudicados a la firma Proyinel SA, recurrió al señor Roberto Damián Garcete Rodríguez para acceder a un préstamo, de acuerdo al relato del Ministerio Público.
Según la acusación fiscal el 26 de junio de 2013, Miguel Britos y sus hijas Laura y Rossana acudieron a la escribanía de confianza de Garcete Rodríguez, la escribana María de Lourdes Duarte Franco; donde se encontraba el dirigente de fútbol, con quien se había realizado el trato; y su hijo Roberto Alejandro Garcete Cano.
Ya en la escribanía Miguel Britos y sus hijas, representantes legales de la firma Proyinel SA, fueron presionados para firmar un compromiso de pago, que terminó siendo en realidad una compraventa de un inmueble ubicado en la ciudad de Luque, valuado en aproximadamente G. 1.100 millones.
Víctima pagó mucho más de lo que prestó
Una vez en la escribanía, la familia Britos recibió la suma de G. 200 millones y en el plazo de un año terminó abonando G. 100 millones; además entregó dos cheques de la Asociación Paraguaya de Fútbol, por un total de G. 300 millones. Es decir, Roberto Damián Garcete Rodríguez percibió el doble de lo que había entregado como préstamo.
Luego Garcete Rodríguez solicitó a la escribana María de Lourdes Duarte Franco que en vez de figurar como adquirente del inmueble su hijo, figure la firma Credy Money SA, de la cual él era presidente. Fue que así que, luego de que ya fuera firmada la escritura pública que contenía el acto simulado, la escribana modificó el monto de la operación a G. 1.500 millones e hizo constar que el adquirente era el señor Roberto Damián Garcete Rodríguez, en representación de la firma Credy Money SA.
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La fiscala Belinda Bobadilla puntualiza en la acusación que el 26 de noviembre de 2014 el señor Roberto Garcete Rodríguez convocó a Miguel Britos a una reunión para el día siguiente (27 de noviembre) en una oficina ubicada en el centro de Asunción, que terminó siendo la de Ramón González Daher.
Desalojo tras reunión con Ramón González Daher
Miguel Britos concurrió a dicha oficina acompañado de sus hijas María Laura y Rossana Britos, y en el lugar encontraron al actualmente condenado a 15 años de cárcel, quien les dijo que tenían 30 días para desalojar su vivienda, la que está ubicada en Luque y que había sido acordado que sería garantía de cumplimiento por el préstamo de G. 200 millones.
En fecha 26 de diciembre de 2014, Roberto Damián Garcete Rodríguez nuevamente convocó a la víctima de usura Miguel Britos y a su hija Rossana, a una reunión en la misma oficina de Ramón González Daher, ocasión en la que el hoy acusado les dijo que si querían recuperar su casa debían comprometerse a pagar la suma de G. 2.257.440.000.
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Con el propósito de ganar tiempo, Miguel Britos entregó cuatro cheques, los cuales fueron entregados por el señor Roberto Garcete Rodríguez a Ramón González Daher. En marzo de 2015, luego de la cancelación de la cuenta corriente de Britos en el banco, tras la presentación de uno de los cheques, Roberto Garcete indicó a la escribana María de Lourdes Garcete que inscribiera a su nombre el inmueble, en los Registros Públicos.