Autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS) participaron este martes de una reunión con el presidente, Santiago Peña, en la que le presentaron las cifras del primer año de gestión al frente de la institución y hablaron de varios temas, entre ellos la crisis generada por la decisión de la cuestión de la “fe de vida”.
En ese sentido, la gerente de Prestaciones Económicas, Vanessa Cubas, reconoció que hubo un error de parte de la institución en la decisión a la que se llegó el día jueves, y destacó que se haya revisado la postura.
Insistió en que la decisión de prorrogar la comprobación presencial también otorga más tiempo para que se gestionen otros mecanismos para la comprobación de la sobrevivencia, que es el único requisito que establece la ley.
Agregó que la institución viene aplicando todos los mecanismos que están a su alcance con el cruzamiento de datos con el Registro Civil de las Personas, el Ministerio de Salud, el TSJE y últimamente con sus propias bases de datos hospitalarias para evitar al máximo la necesidad de la presencialidad, que está reservada solo para casos sospechosos.
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Contraloría e IPS denunciaron 20 casos de cobros irregulares
La gerente de Prestaciones Económicas recordó que la institución tiene en proceso de denuncia ante el Ministerio Público mas de 20 denuncias por cerca de G. 2.800 millones por pago a jubilados y pensionados fallecidos.
“La Contraloría ha emitido varios informes en donde se evidenciaron irregularidades muy serias de la administración anterior. Estamos hablando de faltantes del año 2022 y 2023″, indicó.
La representante del IPS agregó que a partir de allí con las recomendaciones de la Contraloría se establecieron mayores mecanismos de control para evitar este tipo de irregularidades en detrimento del patrimonio de la previsional.
Señaló que en ese sentido que más allá de la posibilidad de recuperar el importe del daño patrimonial que significó para la institución, es necesario que la conducta de los funcionarios que fueron responsables sea evaluada.