El juez penal de Garantías Yoan Paul López programó para el martes 20 de agosto, desde las 10:30, la audiencia preliminar para la exjueza en lo Civil y Comercial de la Capital Tania Carolina Rosa Irún Ayala, acusada por la supuesta comisión del hecho punible de prevaricato y con pedido de juicio oral por parte de la fiscal adjunta de Delitos Económicos María Soledad Machuca Vidal.
El pasado 19 de julio la fiscal adjunta de Delitos Económicos y Anticorrupción rectificó el pedido de sobreseimiento definitivo que planteó la fiscal interina Verónica Valdez y presentó acusación contra Irún Ayala por presunto prevaricato, en la entrega de unas 310.000 hectáreas de tierras ubicadas en zona de seguridad fronteriza, en el Alto Paraguay.
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Según la acusación fiscal, la entonces jueza Tania Irún Ayala cometió prevaricato al resolver una demanda de las firmas Cusabo, Kyveloria, Firstar Investments y Elite Kingdom por cumplimiento de contrato y obligación de hacer escritura pública, que fue planteada en contra de la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial.
“Resolvió la demanda sin haber corroborado los datos precisos de las identidades ni nacionalidades de los representantes legales de dichas firmas, de las cuales algunas son originarias de Chipre y otras provenientes de las Islas Vírgenes Británicas”, resalta parte de la acusación presentada por Machuca.
Tania Irún violó seguridad fronteriza, según Fiscalía
En su acusación la fiscal adjunta resalta que con dicha conducta la entonces jueza incumplió varios artículos de la Ley N° 2532 de 2005 “Que establece la zona de seguridad fronteriza de la República del Paraguay”.
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En este punto la acusación fiscal resalta que la Comisión Interinstitucional Zona de Seguridad Fronteriza, confirmó que 22 de las 26 fincas situadas en el Alto Paraguay están ubicadas en zona de seguridad fronteriza, de acuerdo a las copias autenticadas del mapa remitidas al Ministerio Público.
En consecuencia, Tania Irún Ayala dictó la Sentencia Definitiva N° 494 del 23 de noviembre de 2018 sin tener por descartado que las firmas mencionadas tenían socios o representantes legales de países limítrofes, acciones al portados y/o en su caso títulos societarios endosables, de acuerdo a la fiscalía.
Con estos argumentos, Machuca concluye que la entonces jueza en lo Civil y Comercial violó y tergiversó el derecho, apartándose de lo establecido en la Ley N° 2532; y su conducta contiene circunstancias “que sugieren parcialidad y arbitrariedad”.
Tania Irún fue removida del cargo por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en noviembre de 2021, sin embargo la acusación contra los camaristas del fuero Civil y Comercial, Antonia López, Stella Marys Zárate y Miguel Ángel Rodas, quienes confirmaron la resolución de la ahora acusada, fue rechazada por el JEM en setiembre de 2022. La exjueza accionó contra su remoción ante la Corte Suprema de Justicia y la decisión de la Sala Constitucional del máximo tribunal está pendiente hasta la fecha.
Recordemos que la resolución que motivó el procesamiento de la magistrada, fue ratificada en su momento no solo en segunda instancia, sino también por la propia Corte Suprema de Justicia.
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Donación de tierras, a cargo de Defensa
Parte de las tierras que pertenecen a la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial y que la entonces jueza en lo Civil y Comercial de la Capital Tania Irún había ordenado que sean inscriptas a las empresas que serían de maletín, fueron donadas al distrito de Puerto Casado. Sin embargo, como dicha resolución fue confirmada, a inicios del presente mes la Cámara de Diputados instó al Ministerio de Defensa que accione para proteger dicha donación al Estado.
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La declaración aprobada por la Cámara Baja exhorta a la cartera estatal a verificar la legalidad de la operación de traslación de dominio y a los magistrados a hacer cumplir la Ley N° 2532/2005 “Que establece la Zona de Seguridad Fronteriza”.
Además, se insta al Poder Judicial a registrar las tierras donadas antes de que puedan ser transferidas a terceros, tal como ordenó la entonces jueza Tania Irún Ayala, y al Ministerio de Defensa a emitir un pronunciamiento sobre el cumplimiento de la Ley de Seguridad Fronteriza.
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La resolución aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 1 de agosto busca asegurar que la Procuraduría General de la República pueda accionar la nulidad de cualquier acuerdo privado que intente evadir el cumplimiento de la donación acordada o la Ley 2532, de seguridad fronteriza.
En síntesis, el ministro de Defensa Gral. (SR) Óscar González debe solicitar al procurador Marco Aurelio González que promueva la nulidad de la resolución firmada por Tania Irún Ayala.
Voluntarios japoneses serían afectados
El litigio por las tierras está actualmente a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del 26° Turno de la Capital, a cargo del juez Heinrich Fabián Von Lucken Gamarra.
En junio de este año los abogados Sebastián Acha y Milciades Benítez solicitaron intervención en la causa, en representación de la Fundación para el Desarrollo Sustentable en las Américas del Norte y del Sur.
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Dicha organización está integrada por voluntarios japoneses que son arrendatarios, con opción a compra, de unas 80.000 hectáreas del inmueble en cuestión, por lo que serían perjudicados si se concreta la transferencia.