Las fiscalas Irma Llano, Alba Delvalle y Ruth Karina Benítez fueron recusadas estam mañana, minutos antes de la hora fijada para el inicio de la audiencia preliminar, por parte del exministro Dany Durand, acusado junto a 7 ex directivos de Mocipar por presunta estafa, lesión de confianza, lavado de dinero, asociación criminal, evasión de aportes a la Seguridad Social, conducta conducente a la quiebra y conducta indebida en situación de crisis.
En el escrito de recusación, presentado por el Abg. Óscar Tuma, el exdiputado colorado alega que el grupo de agentes fiscales “ha demostrado y evidenciado una clara vulneración del principio de objetividad consagrado en el Art. 54 del Código Procesal Penal principio fundamental que debe regir su actuación”.
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Agrega que existe una falta de objetividad que “compromete gravemente la integridad del proceso y socava los derechos fundamentales de los involucrados”, resalta el documento.
Los demás acusados por el Ministerio Público son: Fernando Román Fernández, Marcela Adriana Durand Martínez, Luz Marina González de Durand, Diana Teresita Britos Ocampo de Román, Favio Arturo Britos Ocampo, Myriam Elizabeth Teme Buscio y María Cristina Coeffier Villalba, todos exdirectivos de la firma Mocipar.
Víctimas de Mocipar piden sanción
Tras la suspensión de la preliminar la Abg. Gessy Ruiz Díaz, representante del grupo de víctimas de estafa a través de Mocipar, anunció que solicitará a la jueza de Garantías de la causa Cynthia Lovera que sancione a Durand, por las diversas chicanas que ha planteado en este proceso.
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“Esta es una dilación más porque otra defensa ya había recusado a la fiscal Alba Delvalle y ella fue confirmada en esta causa. Vamos a pedir que el juzgado aplique las sanciones correspondientes a los abogados y a la Corte Suprema de Justicia que realice una auditoría de esta causa para verificar todas las dilaciones”, remarcó la letrada.
La acusación fiscal resalta que todas estas personas conformaban una estructura de organización empresarial y buscaban obtener bienes patrimoniales resultante de la falta de entrega de los bienes comprometidos a los clientes de las empresas del Grupo Mocipar, como, asimismo, a la falta de pago de sus proveedores de bienes, siendo la idea y la dirección de la mecánica de “obtener bienes patrimoniales de forma indebida”.
El perjuicio patrimonial ocasionado a un total de 31 víctimas de estafa asciende a la suma de G. 867.087.725, cuyo origen proviene de las estructuras contractuales ilícitas, diseñadas para obtener beneficios patrimoniales indebidos provenientes de los aportes de los clientes, según la acusación de 182 páginas.
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