Caso Sol Chávez: apelarán exigua pena a odontóloga y química farmaceútica

La condena a 2 años de cárcel para una odontóloga y una química farmaceútica por el homicidio culposo de Sol Chávez, a causa de una intoxicación con flúor, será recurrida por la fiscal del caso Teresita Torres y la querella adhesiva. La agente calificó como “lamentable” el fallo de primera instancia, ya que una de las magistradas habló de una sentencia ejemplificadora, pero terminaron aplicando una pena muy leve.

Los jueces Laura Ocampo (centro) y Fabián Weisensee votaron por la exigua condena a las culpables del homicidio culposo de Sol Chávez. La magistrada Cándida Fleitas (der.) votó por tres años de prisión.gustavo machado
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La fiscal Teresita Torres confirmó que presentará apelación con la decisión del Tribunal de Sentencia que condenó por homicidio culposo a la odontóloga Lilia Graciela Espinoza y a la química farmaceútica Sandra Hermosa, a 2 años de prisión por la muerte de María Sol Chávez Franco, ocurrido el 9 de abril de 2021, debido a que las profesionales le suministraron flúor en exceso.

“Es lamentable que el sistema de justicia responda de esta manera ante una situación tan penosa como la muerte de una persona tan joven. Es una sentencia injusta”, expresó la agente del Ministerio Público en comunicación con ABC Cardinal.

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El fallo fue dictado este lunes por el Tribunal de Sentencia presidido por la jueza Laura Ocampo e integrado por Fabián Weisensee y Cándida Fleitas, quien votó en disidencia por aplicar una pena de 3 años de penitenciaría para ambas acusadas.

Lilia Graciela Espinoza, odontóloga condenada por el homicidio culposo de Sol Chávez.

En el segundo juicio oral de la presente causa, sustanciada solo para establecer la medición de la pena que deben cumplir Espinoza y Hermosa, quienes en el primer juicio fueron condenadas a 4 y 3 años de cárcel, en ese orden; el tribunal también dispuso un plazo de 2 años y seis meses de inhabilitación para la odontóloga.

Jueces omitieron pedido del MP, según fiscal

La fiscal Teresita Torres cuestionó que los jueces de sentencia que votaron por la exigua condena hicieron caso omiso a la petición del Ministerio Público, que había solicitado 5 años de cárcel y 5 años de inhabilitación para ejercer la profesión, tanto para la odontóloga Lilia Graciela Espinoza como para la química farmacéutica Sandra Natalia Hermosa.

La fiscal Teresita Torres (der.), el Abg. José Armoa (querellante) y la asistente fiscal Diana Rodríguez, antes de conocer la sentencia del tribunal.

Con respecto a la decisión sobre esta última, la agente investigadora agregó que la presidenta del colegiado de sentencia Laura Ocampo y el juez Fabián Weisensee aplicaron tal cual la pena que había solicitado la defensa, ya que en sus alegatos finales el Abg. César Alfonso solicitó una condena máxima de 24 meses (dos años) y denegar el pedido de inhabilitación, que hizo la fiscalía.

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La sentencia escrita estará a disposición de las partes el próximo lunes 12 de agosto, según informó la presidenta del Tribunal de Sentencia. Desde ese día corre el plazo para que la fiscalía, la querella adhesiva y las defensas presenten el recurso de apelación contra el fallo.

Querella cuestionó “justicia telaraña”

El representante de la familia de Sol Chávez, Abg. José Armoa, confirmó también que apelará la decisión del Tribunal de Sentencia en mayoría y afirmó que con la exigua condena aplicada a la odontóloga Lilia Espinoza y la química farmaceútica Sandra Hermosa, la Justicia está de luto.

Sandra Natalia Hermosa, química farmaceútica condenada por el homicidio culposo de Sol Chávez.

“Alegremente los tribunales de sentencia dan pena máxima de prisión para casos por tenencia de pequeños gramos de marihuana. Es decir, tenemos la famosa Justicia de telaraña, que es débil con los más fuertes y en casos relevantes como el nuestro da medidas menos gravosas”, criticó el letrado.

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En sus alegatos finales el querellante adhesivo había solicitado una pena a 5 años de cárcel para ambas acusadas, además de la inhabilitación para ejercer la profesión por otros 7 años, tal como requirió también el Ministerio Público.

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