En comunicación con ABC Cardinal este viernes, el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, hizo aclaraciones sobre el decreto 1.952 promulgado por el Poder Ejecutivo, que impone nuevas exigencias para emblemas que comercialicen gasoil del tipo “búnker”, un decreto que ha sido cuestionado –particularmente por un emblema de venta de combustibles– como una medida que apunta a crear condiciones monopólicas a favor de la empresa estatal Petropar.
El decreto establece que solo las empresas que tengan tanques exclusivos para gasoil “búnker” -combustible destinado a mercados extranjeros y no a su venta en Paraguay, por lo que está exento de impuestos– con una capacidad total de 16 millones de litros podrán comercializar ese tipo de combustible.
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Ante el argumento de que esa es una exigencia que solo Petropar puede cumplir, el ministro Giménez señaló que el decreto no establece que las empresas deben contar con un solo tanque para gasoil “búnker” con capacidad de 16 millones de litros, sino que pueden ser varios, siempre que su uso sea exclusivo para “búnker”.
“(El decreto) establece que mínimamente tenés que tener tanques que sumen 16 millones de litros, no es ‘tanque’”, subrayó. “Si tenés dos tanques de ocho millones ya cumplís, si tenés 16 tanques de un millón de litros cumplís. No sé por qué se dice que solo Petropar puede participar”, cuestionó.
Competencia “desleal”
Afirmó que la medida se tomó atendiendo a que gasoil “búnker” no está saliendo del país como es debido, sino que se está “filtrando” en el mercado local, compitiendo “deslealmente” en el mercado interno de venta de combustibles en estaciones que ofrecen el producto a precios menores que los de sus competidores debido a la ventaja de la exención de impuestos.
“El origen de esto es la DNIT (Dirección Nacional de Ingresos Tributarios) tratando de controlar esa filtración que acaba siendo contrabando, que causa que los emblemas no puedan competir en igualdad de condiciones”, insistió.
Señaló que el decreto también establece que los buques solo podrán descargar su combustible a camiones cisterna en los puertos y no “en cada pedazo de barranco que hay en los ríos”, para permitir que la DNIT pueda ejercer un mejor control.
El decreto ha sido cuestionado principalmente por la empresa Raizen, representante en Paraguay de la multinacional petrolera Shell, que anunció su intención de accionar judicialmente contra la medida del Gobierno al entender que atenta contra la libre competencia.
Sin embargo, el ministro Giménez afirma que Raizen es la única empresa del rubro de combustibles que ha objetado el decreto y que “la mayoría está contenta” con la medida.