Por decisión unánime de los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) se dio inicio a una investigación preliminar a la actuación de las juezas que en mayo pasado otorgaron beneficios al traficante de drogas condenado a 24 años de cárcel Erwin Jorge Solalinde Krause, alias Koki, de 46 años, detenido en abril de 2016 en Villeta, como responsable de una carga de 18.900 kilos de marihuana que debía ir en barco a Uruguay.
Se trata de la Jueza de Ejecución del 2° turno de la Circunscripción Judicial de Itapúa Laura María Benítez y de la Jueza de 1° Instancia en lo Penal de la Adolescencia de J. Augusto Saldívar e interina del Juzgado Penal de Garantías Circunscripción Judicial de Central María Nunila González Franco.
El primer voto a favor del enjuiciamiento fue del ministro de la Corte Suprema de Justicia, César Garay Zuccolillo, quien destacó que ambas fueron suspendidas sin goce de sueldo por decisión unánime del pleno de la máxima instancia judicial, el 19 de junio pasado. Asimismo, el 3 de julio último se rechazaron los recursos de reconsideración planteadas por ambas magistradas.
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Ministro de la Corte fustigó accionar de juezas a favor de Erwin Solalinde
“La jueza de Ejecución de Encarnación (Itapúa) Laura Benítez otorgó prisión domiciliaria contra legem a Erwin Solalinde, condenado a 24 años de pena privativa de libertad por tráfico de drogas. El artículo 239 del Código de Ejecución Penal reza cuando el condenado tuviere más de 70 años de edad, estuviese gravemente enfermo o en etapa terminal o con algún impedimento físico para valerse por sí mismo, el Juez de Ejecución podrá disponer su prisión domiciliaria. En el sub examine no se justificó en absoluto ninguna de esas exigencias legales” , explicó Garay Zuccolillo.
“En el otro caso, la jueza Nunila González benefició a la misma persona, Erwin Solalinde, con el arresto domiciliario, procesado en otra la causa penal por el homicidio doloso de su sobrino y sin tener en mira en absoluto ni la reiteración ni la reincidencia que campean en materia penal de antecedentes”, con lo que se configuran los requisitos de gravedad, notoriedad y afectación al interés público suficientes para el enjuiciamiento.
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“Quienes ejercen la magistratura deben ceñir sus actuaciones de modo irrestrictro a las normativas constitucionales y legales en cabal cumplimiento de funciones en el sistema de justicia, en el que la ciudadanía de bien confía la seguridad colectiva”, agregó, tras destacar la elevada pena privativa de libertad del narcotraficante beneficiado.
Acompañaron la petición de Garay la presidenta Alicia Pucheta, el diputado Alejandro Aguilera, Enrique Berni y los senadores Mario Varela y Derlis Maidana. Tanto Garay como Varela participaron por medios telemáticos.
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Juezas de CDE, en la mira tras polémico procedimiento y censura
Idéntica decisión adoptó el Jurado con relación a las juezas de la Niñez y la Adolescencia de Ciudad del Este, Alto Paraná, Guillermina Ramírez de Giubi y Gladys Alicia Villamayor de Godoy, por las decisiones adoptadas en el marco de una causa tramitada en el fuero de la Niñez y la Adolescencia.
Según los datos expuestos por la Dra. Pucheta, la jueza Ramírez de Giubi ordenó la restitución de un niño de 9 años a su madre. La criatura, que vivía desde los tres meses de edad con los abuelos paternos, tras ser abandonado por su madre, fue llevado en un violento procedimiento bajo amenazas de intervención fiscal y policial por parte de la magistrada, quien actuó acompañada de la funcionaria judicial Fátima Cristaldo, según publicación del diario “La Clave”.
A raíz de la publicación mencionada se dio la intervención de la jueza Villamayor quien, oficio mediante, ordenó a la dirección de La Clave que proceda inmediatamente a borrar la publicación de la plataforma digital Facebook y también de página web, en violación de garantías constitucionales que garantizan la libertad de prensa.
El caso salió a luz a través de la publicación titulada “Jueza pretende encubrir a colega y a una ujier y arremete contra la prensa”, que fue puesta a conocimiento del Jurado en junio pasado.
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Tras suspensión, juicio a magistrados de Caaguazú
El otro caso en que el Jurado resolvió iniciar una investigación preliminar tiene relación con el juez penal de Sentencia de Coronel Oviedo, Circunscripción Judicial de Caaguazú, Víctor Venancio Vera y de la jueza en lo Civil, Comercial y Laboral del 4° turno de Caaguazú María Ignacia Franco.
Es por irregularidades detectadas en la tramitación del expediente “Sociedad Civil Bergthal Comité contra María Isabel Couchonnal y otros sobre cumplimiento de contrato” y que motivaron la suspensión de ambos magistrados, en la sesión ordinaria de la Corte Suprema de Justicia del 13 de junio pasado.