El Reino de España recepcionó este miércoles 31 de julio, de manera oficial, el pedido hecho por la Justicia Paraguaya, a través de la Embajada de la República del Paraguay, de hacer efectiva la extradición de Gianina García Troche, esposa del uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera. La misma cayó detenida el pasado 17 de este mes en el Aeropuerto Internacional Augusto Suárez de Madrid-Barajas. Esta es requerida en el marco del caso A Ultranza, pues está imputada por lavado de activos y asociación criminal.
La presentación de la nota, junto con un oficio judicial y el exhorto de extradición fueron presentados en la fecha por la Embjada de la República del Paraguay en España, al Ministerio de Relaciones Exteriores, Unión Europea y Cooperación Internacional, Subdirección General de Asuntos Jurídicos Consulares, solicitando a las autoridades españolas arbitrar los medios necesarios y mecanimos para mantener la detención preventiva de García Troche.
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Las autoridades diplomáticas de Paraguay abogaron en ese sentido arbitrar los mecanismos necesarios para ordenar la extradición a territorio paraguayo de la uruguaya Gianina García Troche, profuga desde el 22 de febrero de 2022 y requerida por el operativo A Ultranza, por su presunta colaboración en el esquema de su pareja, Sebastián Marset, para el ocultamiento de bienes y lavado de dinero provenientes del narcotráfico.
A la estructura liderada supuestamente por Sebastián Marset, se le atribuye el envío de aproximadamente 17 toneladas de cocaína al continente europeo, mediante las cuales obtuvo ganancias que ascienden a US$ 433.500.000 y también al continente africano, de donde logró ingresos por unos US$ 18.000.000 durante el tiempo que estuvo activa su organización en sociedad con el paraguayo Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico.
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Fiscalía y juzgado entregaron exhorto para extraditar a esposa de Marset
El pasado 26 de julio, el agente fiscal de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico Deny Yoon Pak, en forma conjunta y coordinada con la Dirección de Asuntos Internacionales, y con la jueza penal de garantías Especializada en Crimen Organizado, Rosarito Montanía, concluyeron el exhorto formal en el caso de Gianina García Troche, esposa de Sebastían Marset.
El Tratado de Extradición otorga un plazo de 60 días a la Justicia paraguaya. Esto es contando desde la detención de García Troche, ocurrida el pasado 17 de julio en Madrid. El trámite fue observado en tan solo 9 días, según refirieron desde la Fiscalía.
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Tras la elaboración del exhorto, al cual se adjuntan documentalmente los antecedentes de la causa abierta en Paraguay contra Gianina García, la Corte remitió el mismo al Ministerio de Relaciones Exteriores - Dirección de Asuntos Legales, para su apostillado.
Posteriormente se llevó a cabo el envío por la vía diplomática a las autoridades del Reino de España. “Esta acción forma parte de los esfuerzos continuos para asegurar la realización de la Justicia y mantener la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado, en todas sus formas”, habían señalado en un comunicado. Esto se concretó este 31 de julio, con la entrega de los documentos.
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A Ultranza: Gianina García y su participación en el esquema de Marset
De acuerdo con los datos de la investigación en el caso A Ultranza, Gianina García es pareja de Sebastián Marset y madre de sus tres hijos. Está imputada por la citada causa. En este contexto, contaba con notificación roja de Interpol, por formar parte en la constitución de una empresa de nombre “Grupo San Jorge”, cuyo nombre de fantasía es Total Cars con un capital social de G. 1.000 millones y del cual le correspondía el 75% de las acciones.
García Troche figuraba como presidenta de la mencionada firma junto con Alexis Vidal González Zárate, a quien le correspondía el resto de las acciones, es decir el 25%, como vicepresidente.
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García también había habilitado una cuenta en el banco Visión para lo cual presentó un certificado de trabajo de aparente contenido falso donde consta que es propietaria de un tractocamión de la marca Volvo supuestamente habilitado desde hace seis años por la empresa denominada Kuarahy SRL para la realización de transporte internacional dentro del Mercosur con una ganancia de US$ 1.500.
El documento de Interpol señala que el objetivo era poner en circulación en el sistema financiero nacional el dinero de origen ilícito.