“El tema del resarcimiento por los desaparecidos saltos es un tema delicado porque hay que tener los números y tiene que haber una directiva del Ejecutivo para que se encamine con reales posibilidades de lograr. Al presentar por presentar el proyecto corremos el riesgo de que nos rechacen en una de las cámaras y vamos a quedar colgados un año”, indicó el intendente de Curuguaty, Walter Ramírez (ANR-HC), quien además ejerce la presidencia de la Asociación que los nuclea con sus pares de Canindeyú.
Ramírez participó ayer, jueves, de una reunión en Katueté con asistencia de 12 de los 16 intendentes de Canindeyú, la diputada Cristina Villalba, alias La madrina del Norte, y el gobernador Nelson Martínez.
El encuentro habría orquestado la cuestionada diputada Villalba, debido a que el senador Gustavo Leite se adelantó sobre el tema de resarcimiento para Canindeyú y anunció el martes último que presentará el próximo 15 de agosto para su estudio en el Congreso Nacional un proyecto de ley. Además, Leite anunció que solicitará 20 millones de dólares, de los cuales 10 millones serán para Saltos del Guairá y los otros 10 millones para que se repartan los 15 municipios restantes.
Estos números no serían del agrado de Cristina Villalba, según el intendente de Saltos del Guairá, Héctor Morán (ANR-HC), porque la misma tiene un fuerte resentimiento político contra él, y pretende castigar a la capital departamental recortando al máximo los recursos para este municipio, aseguró Morán.
Sin embargo, Walter Ramírez dijo que se logra consenso sobre el proyecto de ley redactado por el senador Leite, pues sería lo mejor para todos los municipios de Canindeyú. Dijo que el proyecto de ley que manejan con Cristina Villalba es del 7% de los royalties que administra el Gobierno central, que actualmente representaría unos 11 millones de dólares anuales. De este monto, el 50 por ciento (US$ 5.500.000) sería para Saltos del Guairá y la otra mitad (US$ 5.500.000) se dividirían los demás municipios.
La propuesta de Cristina Villalba para su departamento sería la más baja de todas, ya que también el Colegio de Abogados de Canindeyú trabaja sobre un proyecto que representaría 6.500.000 dólares anuales para Saltos del Guairá.
Walter Ramírez insiste, sin embargo, que debe ser el Presidente de la República el que diga la última palabra para avanzar con el proyecto de ley. Puso en duda que Leite haya conversado con otros senadores o con el presidente Santi Peña al respecto.
Protagonismo
Según fuentes de la propia nucleación de intendentes, existiría un gran celo por parte de Cristina Villalba con respecto al protagonismo político relacionado a la ley de resarcimiento. La misma es considerada en gran medida responsable de haberse perdido la compensación que ya tenían los intendentes de Canindeyú, al no defender y permitir su derogación, en coincidencia con el tratamiento de la ley de Hambre cero.
Fue el propio Poder Ejecutivo de este nuevo gobierno el que promocionó la derogación de la compensación con la promesa de que iba a devolver el mismo monto o, incluso, más en el corto tiempo, lo que hasta ahora no se cumplió, presumiblemente por la intromisión de La Madrina.