El abogado Alfredo Duarte Montiel formuló acusación contra el juez penal de garantías Especializado en Crimen Organizado, Osmar David Legal Troche, ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), por supuesto mal desempeño de funciones en en el marco de la causa en la que está siendo investigado por el Ministerio Público, denominado Pavo Real Py.
La acusación la presentó el 8 de julio a las 23:54, de acuerdo con el registro digital del JEM, por derecho propio y bajo el patrocinio del abogado Víctor Manuel Ramos Gómez, a quien otorgó una carta poder para que intervenga en esta causa en representación suya, pues se encuentra con arresto domiciliario por el caso Pavo Real Py.
Lea más: Detenidos en operativo Pavo Real Py ya están en judiciales de la Policía
La denuncia y acusación presentada ante el Jurado, por el abogado Alfredo Duarte Montiel tiene su origen un “Mandamiento de Allanamiento”, firmado por el entonces juez penal de garantías Especializado en Crimen Organizado Gustavo Amarilla. En el escrito se designan para las intervenciones al fiscal de Narcotráfico Osmar Segovia, encargado de la causa, junto a otros varios fiscales, entre los cuales también figuró el entonces fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción, Osmar Legal, quien no llegó a intervenir en ninguna diligencia así como tampoco firmar documento alguno.
Es preciso señalar que ante el juez Gustavo Amarilla se presentó el 10 de julio de 2023 la imputación y las demás diligencias del caso Pavo Real Py. Sin embargo, en febrero de 2024 el mismo fue asignado a la Primera Sala del Tribunal de Apelación Especializado en Crimen Organizado, y Osmar Legal asumió a cargo del juzgado que dejó vacante Amarilla.
Lea más: Pavo Real Py: juez encarcela a 8 presuntos colaboradores de Jarvis Pavão
“Juez y parte” del proceso, denuncia procesado
De acuerdo con el escrito de acusación presentado ante el Jurado la actuación del juez Osmar Legal, según establece el artículo 14 de la Ley N° 6814/2021: “Constituye mal desempeño de funciones, que autoriza la remoción de Jueces o, de Miembros de Tribunales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos, las siguientes causales: p) Abstenerse de su excusación en un juicio o investigación a sabiendas de que se haya comprometido en algunas de las causales previstas por la ley”.
El escrito acusador menciona taxativamente: “Osmar Legal, antes de ser nombrado o designado como Juez en la presente causa, en base al Requerimiento Fiscal de Allanamientos N° 56 de fecha 07 de julio del 2023, por A.I. N° 192 de la misma fecha, fue designado y comisionado para la ejecución de dichos allanamientos en la presente causa en su carácter de agente fiscal, habiendo incurrido de esa manera en la ‘causal de inhibición que opera de pleno derecho, prevista en el Art. 50 inc. 6) del C.P.P.”.
Lea más: Pavo Real Py: JEM analizará caso de fiscala Katia Uemura, el martes
En tal sentido, Duarte Montiel cuestionó que pese a la claridad de esa norma Legal no se apartó, “a pesar de haber sido recusado por mi parte y continuar realizando actos que no constituyen “un acto jurisdiccional que no admita dilación”, demostrando parcialidad manifiesta a favor del Ministerio Público en perjuicio de la defensa técnica”.
Insistió el abogado mencionando que “Osmar Legal fue designado en la presente causa por resolución judicial y a petición del Ministerio Público primeramente como agente fiscal para la ejecución de allanamientos, y posteriormente fue designado por el Consejo de la Magistratura como JUEZ en la misma causa, actuando como Juez y Parte (Juez & Fiscal) en el mismo proceso, favoreciendo siempre los intereses y peticiones del Ministerio Público”.
Lea más: Pavo Real Py: Pavão disimulaba dinero ilícito con la compra y traslado de animales
JEM solicitó copias a juez acusado
Mediante el Oficio JEM N° 171/2024, la presidenta del órgano extrajudicial Alicia Beatriz Pucheta viuda de Correa, solicitó al juez Osmar Legal que remita en el plazo de cinco días -los cuales se cumplieron el pasado 8 de julio- las compulsas digitalizadas relacionadas a la causa “Luan Chimenez Nascimento y otros s/Ley 1881/2002 que modifica Ley 1340 (Ley N° 6379 Crimen Organizado)”.
Así también, peticionó que en caso de que “dicha documentación no se encuentre a su cargo, informe acerca de datos relevantes para su localización como: fecha de remisión, oficina de destino y la persona que recibió”.
Recusación pendiente
Por su parte, la síndica procesada en el mismo caso, Nancy del Carmen Alfonzo Prieto, había recusado a Osmar Legal al asumir en el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado . Pese a haber transcurrido ya un buen tiempo, el incidente aún no fue resuelto por un Tribunal de Apelación Penal, teniendo en cuenta que este jueves 11 de julio la Fiscalía debe presentar su requerimiento conclusivo. El magistrado realizó contestó con su respectivo informe sobre la causa e ncuestión el pasado 4 de julio.
Para la recusante el juez Osmar Legal “se encuentra en la causal de inhibición prevista en el Art. 50 inc. 6 del C.P.P., (haber intervenido anteriormente, de cualquier modo, o en otra función o en otra instancia en la misma causa); refiriendo que mi persona, antes de ser nombrado como Juez en la presente causa, ha intervenido mediante requerimiento fiscal de allanamientos N° 56 del 07 de julio del 2023, siendo comisionado posteriormente para la ejecución de allanamientos dispuestos por A.I. N° 192 del 07 de julio del 2023 en carácter de Agente Fiscal”, según expuso el magistrado en su informe elevado al Tribunal de Apelación.
En respuesta a dicho argumento expuesto por la defensa como agravio, Legal sostuvo que el requerimiento de allanamiento fue suscripto por los fiscales Osmar Segovia, Fabiola Molas e Isaac Ferreira de Lucha contra el Narcotráfico de Asunción, no así por él. Añadió que efectivamente se comisionó a varios fiscales y también a él, entre ellos, sin embargo aclaró que no realizó ni firmó ninguna diligencia.
“La mera mención o comisionamiento para la realización de diligencias investigativas en la presente causa, en carácter de Agente Fiscal, no puede ser considerado como una circunstancia de haber “intervenido anteriormente”, circunstancia ésta ajena de toda realidad”, subrayó el magistrado recusado Osmar Legal.
Control de oficio por juez y superiores
Posteriormente el procesado Alfredo Daurte refirió que “la conducta desplegada por el Juez acusado infringió normas y principios constitucionales y convencionales, que garantizan que toda persona tiene derecho a ser juzgado por jueces, competentes, independientes e imparciales”.
Así también subrayó que “el Juez, el tribunal, y más aún la Corte Suprema de Justicia ‘de oficio’ deben realizar el Control de la Constitucionalidad y jamás deben consentir con la violación de derechos y garantías de rango constitucional ‘so-pretexto de tratarse de un hecho punible grave’”.
Lea más: Pavo Real: Senabico pasa a manejar bienes por US$ 650 millones, derivados de lavado
Caso Pavo Real Py
El operativo Pavo Real Py, es una continuación de los operativos Pavo Real I y II que fueron desplegados en el Brasil, en años anteriores, contra la estructura criminal liderada por el narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão. En esta ocasión, las intervenciones iniciadas el 10 de julio de 2023 a cargo del fiscal de Narcotráfico Osmar Segovia, atacaron a los testaferros y colaboradores para el lavado de dinero y ocultamiento de bienes obtenidos con ganancias de la venta de drogas.
El primer día de operativos fueron detenidas unas 20 personas, entre ellas el abogado Alfredo Duarte Montiel, a quien el representante del Ministerio Público imputó por lavado de dinero en asociación criminal, por lo establecido en el Código Penal y la Ley N° 1.340/88 y su modificatoria Ley N° 1.881. Actualmente, Duarte cumple con la medida de arresto domiciliario.
De acuerdo con algunos datos de la imputación presentada por el fiscal Osmar Segovia, en julio del año pasado, Alexandre Rodrigo Chimenes Larson, hermano de Jarvis, habría constituido empresas a modo de que el capo narcotraficante pueda realizar operaciones bajo una fachada de legalidad.
Lea más: Operativo Pavo Real: 26 allanamientos en cinco departamentos
Dentro de ese esquema de empresas vinculadas al clan Pavão estarían precisamente el abogado Alfredo Duarte Montiel, su esposa Angela Maria Kunrath, junto a otros investigados como Andrade Dos Santos, Ronaldo Adalberto Serratti Duarte, Jorge Fernando Mora Galeano, Renan Gilberto Mora Benitez, Victor Hugo Paniagua Filho, y Gustavo Aníbal Medina Carneiro, serían quienes van rotando como socios o accionistas de las empresas.
En cuanto a una firma en específico, “Plantalandia SA”, la cual fue constituida el 10 de marzo de 1999, sin embargo desde el 2007 habría vinculaciones con el grupo criminal liderado por Jarvis Chimenes Pavão. Ese año, justamente Alfredo Duarte Montiel asumió como representante legal y su esposa, Ángel Kunrath, como socia hasta el 30 de junio de 2010.
La mencionada empresa habría sido utilizada por la organización criminal con el objetivo de disimular las adquisiciones de inmuebles, así como también mover grandes sumas de dinero provenientes de las ganancias del tráfico internacional de drogas, ocultando así el origen del mismo, según la hipótesis formulada por el Ministerio Público.
Crecimiento de sociedad y compra de bienes
La información contenida en la imputación fiscal señala que las primeras vinculaciones con la organización criminal y la empresa Plantalandia SA son referentes a la compra de inmuebles. Así, un inmueble de Pedro Juan Caballero, fue adquirido el 7de julio de 2004 por Jarvis Pavão por la suma de G. 10 millones y, luego fue transferido a su hijo Mendi Pavão el 28 de julio de 2005 por G. 35 millones. Más tarde, el 7 de setiembre de 2007, Ángela María Kunrath, en representación de Mendi, trasnfirió ese bien a Alfredo Duarte y este último, hizo lo mismo el 10 de noviembre de 2009 a Plantalandia SA, cuya directora entonces era Ángela María Kunrath por G. 150 millones.
Similares operaciones se llevaron a cabo con otros inmuebles, colindantes al citado. Estos fueron adquiridos por Jarvis Pavão el 30 de agosto de 2004 por G. 20 millones y luego transferidos a Mendi Pavão el 28 de julio de 2005 por G. 60 millones; Después el 7 de setiembre de 2007, Ángela María Kunrath en representación de Mendi, trasnfirió a Alfredo Duarte por G. 120 millones, y este el 10 de noviembre de 2009 hizo lo suyo a Plantalandia, por G. 350 millones.
Lea más: Pavo Real Py: firmas del clan Pavão operaron con el Estado entre 2013 y 2023
Así también, siempre según el Ministerio Público, el 7 de setiembre de 2007, la propiedad conocida como “4 Filhos”, actualmente comisada por el Estado paraguayo, se intento transferir por “Lans Inversiones SA”, una firma de la que formaba parte Nair Chimenes, madre de Jarvis, y de su hijo José Mendi, a favor también de Alfredo Duarte.
Estas maniobras de transferencias de inmuebles fueron realizadas en el año 2007, porque el titular de ese entonces Mendi Pavão, fue detenido en la estancia “4 Filhos”, y a los un mes de ser detenido habría transferido los inmuebles con el fin de resguardar los inmuebles de un eventual comiso. Es decir, estos inmuebles que eran a Jarvis Chimenes, luego a Mendi y, más tarde a Alfredo Duarte y por último a Plantalandia.
En cuanto a “Plantalandia SA” habría crecido sustancialmente desde la llegada de Alfredo Duarte Montiel y su esposa Ángel María Kunrath, pues según acta del 5 de abril de 2010, el socio Duarte Montiel ya habría aumentado la cantidad de acciones y el valor de las mismas, pasando así a tener 140 acciones por valor de G. 1.400.000.000 en tanto, su esposa y socia Ángela Kunrath habría tenido 60 acciones por valor de G. 600.000.000..