¿Quiénes están detrás de la criptominería ilegal en Paraguay? Esto reveló un experto

Las granjas criptomineras ilegales en Paraguay revelan una corrupción sistemática que involucra a políticos, grupos criminales y a instituciones del Estado como la ANDE y el Ministerio Público, según reveló un consultor en criptomonedas. De acuerdo con el experto, Paraguay necesita una regulación adecuada para atraer inversiones correctas y posicionarse como un hub tecnológico, pero la corrupción lo impide.

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Desde 2018, Paraguay se ha posicionado como un destino atractivo para la instalación de granjas de criptominería debido a su abundante energía eléctrica limpia, señaló Joaquín Morínigo, consultor paraguayo en criptomonedas.

Detalló que la minería de bitcoin y las plataformas de data center de inteligencia artificial utilizan la misma infraestructura y componentes. En ese sentido, destacó que los data centers necesitan mucha energía eléctrica, lo que hace de Paraguay un destino interesante para los inversores.

Resaltó que detrás de las criptomonedas no hay ningún gobierno ni banco central, y que es una moneda de red en la que cualquiera puede validar transacciones. Además, explicó que el bitcoin se alinea con la escuela austriaca de economía, que promueve la separación entre el Estado y el mercado.

A lo largo de los años, la criptomoneda se ha consolidado como un activo muy interesante, siendo calificado como el “oro digital”. En ese sentido, la maquinaria que valida las transacciones se ha convertido en una industria gigantesca, que también está en Paraguay.

Paraguay puede convertirse en un hub tecnológico

Morínigo también destacó que Paraguay recibe inversiones para la instalación de criptominería legal, lo cual debería ser aprovechado. Explicó que las industrias criptomineras compran el excedente energético que el país vende a un precio muy competitivo, beneficiando tanto al Estado como a la ANDE.

“Paraguay, en el futuro, podría exportar minería de bitcoin y convertirse en un hub tecnológico gigante. El nivel de inversión es tan grande que creo que Paraguay no ha tenido algo así”, afirmó. Añadió que las industrias criptomineras legales emplean a más de 1000 técnicos paraguayos.

ANDE y grupos criminales detrás de granjas ilegales

Por otro lado, Morínigo lamentó la falta de regulación y la complicidad de las instituciones del Estado en la instalación de granjas criptomineras ilegales. Denunció que la ANDE conoce a los inversores que operan ilegalmente y roban al país. “La ANDE quiere cubrir sus pérdidas por inacción. Hasta el momento, no hay ningún imputado ni denunciado”, señaló.

Acusó a funcionarios de la ANDE de estar detrás de la instalación de las granjas criptomineras ilegales en Paraguay, describiendo la situación como una “rosca mafiosa gigante”. También señaló que en la triple frontera, la falta de regulación permite a grupos criminales lavar dinero y robar energía, mencionando al PCC como uno de los involucrados.

Políticos colorados y liberales involucrados

Morínigo también denunció que algunos políticos están involucrados en la operación de granjas criptomineras ilegales. Mencionó a Albino González Villalba, exintendente de Villa Elisa y dirigente del PLRA, y a Tadeo Rojas, exsenador y actual ministro de Desarrollo Social, quienes, según él, tienen granjas criptomineras a su nombre.

Pidió a la ANDE y al Ministerio Público que dejen de encubrir a los responsables y revelen la información sobre las granjas ilegales desarticuladas.

Inversores criptomineros podrían buscar otras opciones

El experto advirtió que, debido a la falta de seguridad jurídica, la corrupción y una nueva tarifa, los inversores en criptominería podrían buscar otros destinos. Argentina, con tarifas más bajas, se presenta como una competencia fuerte para Paraguay.

“El discurso de Peña es que van a traer inversores extranjeros, pero ¿quién querrá venir si perjudican a una industria aplicando un tarifazo? Además, hay funcionarios corruptos”, concluyó Morínigo.

Finalmente, aclaró que la ANDE nunca ha subsidiado la criptominería. Desde 2022, ya hubo un aumento del 55% en las tarifas, y ahora un 16% adicional, lo que él considera parte de una corrupción sistemática.

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