En comunicación con ABC Cardinal este martes, Werner Schroeder, presidente de la filial de Boquerón de la Asociación Rural del Paraguay, se pronunció sobre la denuncia hecha por comunidades y asociaciones indígenas ayoreos contra actividades de deforestación en el establecimiento ganadero Faro Moro, ubicado en Filadelfia, que -según la denuncia- ponen en peligro a comunidades nativas aisladas que viven en la zona.
Los denunciantes afirman que la empresa Hekoporâ SA, que arrienda desde 2022 la estancia Faro Moro –propiedad de la firma británica Faro Moro Limited–, está deforestando una zona que es hábitat de comunidades indígenas que viven en aislamiento voluntario, lo que -en su opinión- pone en “riesgo inminente de genocidio” a las comunidades originarias afectadas.
Las comunidades denunciantes solicitaron un recurso de amparo constitucional al Juzgado de Filadelfia y solicitaron una medida cautelar el pasado 29 de mayo para frenar el desmonte, pero la misma fue negada el pasado 18 de junio.
“No existen pruebas”
Schroeder puso en duda la existencia de esas comunidades en aislamiento voluntario y señaló que los denunciantes no han presentado pruebas de que esas comunidades silvícolas realmente estén en la zona.
“En la zona, alrededor de Faro Moro, hay comunidades ayoreo que viven civilizadas, el tema es supuestamente en base a un avistamiento silvícola, de ayoreos en estado natural, entre paréntesis salvajes, que quieren vivir en aislamiento”, dijo Schroeder. “No existen pruebas de eso”, acotó.
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Dijo que lo único que los denunciantes han presentado son “dichos de unos indígenas que ya son civilizados, que supuestamente han visto” a los silvícolas.
“No existe una foto, en un medio salió una imagen de un toldo (...) Esto el medio de prensa sacó de algún otro momento, de algún otro lado, no es nuestra realidad”, agregó.
Ausencia del Indi
El dirigente ganadero señaló que el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), ente estatal encargado de velar por los intereses de los pueblos originarios, no ha tomado interés en el caso y opinó que, “por el ruido que esto ya causó”, esa institución debería “enviar algún experto a la zona que recorra y busque algún indicio fehaciente de que corre ahí gente en estado salvaje”.
Cuestionó también el uso de la palabra “genocidio” en la denuncia, “como que si se corta una raíz ahí se mata a silvícolas”.
Consultado sobre la envergadura de los trabajos de desmonte en las tierras de Faro Moro, Schoreder dijo no tener datos exactos sobre la extensión de tierra que está siendo preparada para actividades ganaderas. Señaló que la estancia tiene una extensión de 40.000 hectáreas, pero afirmó que no toda esa área está siendo deforestada.
“Hay ONG o intereses detrás”
Calificó además de “interesante” que la abogada Marilina Marichal se haya presentado como representante de los denunciantes ayoreos.
“No conozco casos donde tres o cuatro ayoreos de una comunidad en el Chaco otorgan poder a una persona para defender sus supuestos intereses; sabemos que bajo condiciones normales no están en condiciones de pagar un abogado de esta naturaleza”, dijo y opinó que la participación de Marichal es evidencia de que “hay ONG o intereses detrás”.
Agregó que Faro Moro cuenta con un título de propiedad que data de 1993 y que hasta ahora no ha sido objetado.
“La gente tiene los planes de uso de la tierra, la licencia de Infona, del Mades, todos los cánones pagados, son propietarios hace mucho tiempo, nunca han existido conflictos, estos aparecen de la nada”, insistió.