El 16 de mayo pasado, cuando se lanzó la amenaza de transportistas de que irán a paro, la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (OPAMA) reaccionó rápidamente para utilizar los resortes legales que tiene. Una de esas acciones fue denunciar la ilegalidad de la medida de protesta.
Jorge Rolón Luna, asesor jurídico de los usuarios de buses, explicó en ABC AM 730 que la denuncia sigue dormida en la Fiscalía. “Criticamos la inacción del Ministerio Público porque nos molesta que ante una situación de vital importancia para gran parte de la ciudadanía, la denuncia no tenga avances”.
La Ley Nº 6789, promulgada en agosto de 2021, que considera como hecho punible cualquier amenaza de paro de los dueños de líneas de buses, establece que cualquier ciudadano puede denunciar en la Fiscalía la amenaza o extorsión de los empresarios.
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“Persiguen intereses que no son comprobables como legítimos”, sostuvo
En referencia a los transportistas, Rolón Luna resaltó que se está realizando una coacción en base a pedidos e intereses de difícil comprobación. Lamentó que el Gobierno del presidente de la República, Santiago Peña, reinstaló el sistema de no convocar a los pasajeros a las reuniones cuando se habla del transporte público.
Tras la denuncia de OPAMA, los empresarios intentaron rebatir la acción penal en la Fiscalía, “pero todo quedó ahí”.
Consideró que los motivos que presentan los dueños de empresas son ilegítimos. La fiscala que tiene el caso es Natalia Paola Silva.