La salida procesal que pidieron los fiscales Jorge Arce, Diego Arzamendia, Alma Zayas y Francisco Cabrera fue ratificada por la adjunta Matilde Moreno, por lo que el juez penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia tendrá que dictar el sobreseimiento provisional del extitular de Seprelad Óscar Boidanich y las demás procesadas en la causa por presunto lavado de dinero y frustración de la persecución y ejecución penal Raquel Concepción Cuevas Arzamendia y Melissa María del Mar Parodi González, funcionarias de la institución estatal.
El Ministerio Público fundamenta la petición de sobreseimiento provisional en que los agentes del caso esperan incorporar elementos que resulten de diligencias como el pedido de Cooperación Jurídica Internacional al Brasil, para que informe respecto a la “Operación Sexta Feria”; e informes de la Unidad de Inteligencia del vecino país vinculados a Darío Messer.
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Los fiscales del caso agregaron que “al evaluar las informaciones obtenidas, se tiene que la sospecha inicial sigue vigente y existe la expectativa de incorporar nuevas informaciones que podrían resultar relevantes para la determinación de los presupuestos de una eventual acusación o cualquier requerimiento”.
Boidanich obvió reportes contra Messer, según fiscalía
La imputación fiscal relata que en el año 2012, el Banco Sudameris habría presentado a la Seprelad un reporte de operación sospechosa (ROS) en contra de Darío Messer, quien tenía la intención de operar con dicho banco, pero habría sido rechazado luego de que la entidad haya realizado la debida diligencia y obtenido información de que el ‘doleiro’ estaría vinculado a investigaciones por lavado de dinero en el Brasil.
Debido a que el Reporte de Operación Sospechosa no fue categorizado como de riesgo alto, la información presuntamente fue archivada hasta que surjan nuevos datos.
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El 4 de diciembre del 2015 el Banco Nacional de Fomento presentó a la Seprelad otro Reporte de Operación Sospechosa en contra de CHAI SA, cuyo principal accionista sería Darío Messer. Supuestamente, dicha firma habría incurrido en una transacción inusual y se habría apartado de su perfil (ganadería y actividades agrícolas) al transferir US$ 4.900.000 a Puente Casa de Bolsa SA.
Este Reporte de Operación Sospechosa no habría incluido a las personas físicas vinculadas a la persona jurídica CHAI SA (en particular a Darío Messer), circunstancia que habría impedido relacionarlo con el ROS del Banco Sudameris del 2012 y activar el sistema de controles de la Seprelad.
Informe de Inteligencia de Brasil sobre Darío Messer
El 23 de noviembre del 2016 la Seprelad habría recibido un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera del Brasil que indicaba que Darío Messer estaría vinculado a investigaciones por lavado de dinero, crímenes financieros, corrupción y crimen organizado en el vecino país y el funcionario de la Seprelad Fidel Oviedo habría sido designado como analista financiero a este caso.
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El 27 de junio del 2017, dicho funcionario, habría remitido el informe preliminar de inteligencia financiera N° CHASA605530091 para su verificación a Melissa Parodi, jefa del Departamento de Análisis y Procesamiento de Datos.
A su vez, el 28 de junio del 2017, Melissa Parodi habría remitido el informe preliminar del caso a Raquel Cuevas, directora de la Dirección General de Análisis Financiero, y le habría solicitado su parecer jurídico, quien a su vez, esa misma fecha, el proyecto del informe de inteligencia financiera, habría sido remitido a la Dirección General de Asesoría Jurídica a fin de que elabore su dictamen respecto al cumplimiento de los parámetros legales para su remisión o no al Ministerio Público.
El 24 de noviembre del 2017 Melissa Parodi habría tenido retorno de la Dirección General de Asesoría Jurídica, que por dictamen del 23 de noviembre de 2017, habría recomendado incluir datos del sector financiero y de la SET relacionado a Juan Pablo Jiménez Viveros, quien estaría vinculado a Darío Messer.
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También se habría recomendado hacer mención al inicio del informe que Adolfo Enrique Granada Cubilla era apoderado de CHAI SA.
Por último, se habría indicado que el informe debía ser remitido al Ministerio Público debido a la importancia de los datos expuestos y a la vinculación de la persona reportada con personas y entidades relacionadas a la supuesta comisión de hechos punibles.