El exdirector financiero de la municipalidad de Asunción y hombre de confianza del jefe comunal Óscar “Nenecho” Rodríguez, Wilfrido Adrián Cáceres Flores, presentó un incidente de prejudicialidad ante el juzgado penal de garantías especializada en Delitos Económicos N° 2, en el proceso por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
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El 13 de abril pasado, el juez penal de garantías Rodrigo Estigarribia procesó a Cáceres, a su esposa, la odontóloga Ruth Jazmín Da Silva Almirón (33), y a la secretaria de esta y estudiante de odontología Camila Monserrat Ramírez Gómez, tras admitir la imputación presentada por el fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), Silvio Corbeta Dinamarca.
El magistrado dispuso además el embargo preventivo sobre dos terrenos, que componen un inmueble, de la ciudad de San Lorenzo, hasta cubrir la suma de G. 1.500 millones, cada uno.
Wilfrido Cáceres presentó amparo contra la Contraloría
El incidente de prejudicialidad fue radicado a través de los abogados Gustavo Erico y Christian Gwynn, quienes advierten que en julio del 2022 su defendido presentó un amparo contra la Contraloría General de la República, a través del cual realizaba el descargo a las siete observaciones realizadas por el ente contralor, al que solicitó que se expida sobre la correspondencia de sus declaraciones juradas de bienes.
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“En este sentido el señor Caceres reclamaba en el escrito de presentación que por Nota CGR N˚ 3767 de fecha 09 de mayo de 2022, el Contralor General de la República, le corrió traslado del proyecto de dictamen de correspondencia y la comunicación de siete observaciones, para conocimiento y descargo correspondiente. Acompaño copia autenticada de las documentaciones remitidas por el órgano de control, además por expediente N˚ 4554 de fecha 28 de junio de 2022, en tiempo y forma, nuestro defendido ha formulado descargo de las observaciones comunicadas por la CGR, respecto a las siete observaciones del Proyecto de Dictamen de Correspondencia”, indican.
La defensa señala que como consecuencia de esta gestión, el 13 de julio del 2022 la Dirección General de Control de Declaración Jurada de Bienes y Rentas y la Dirección de Dictámenes de Correspondencia elaboró un dictamen pero que carece de la firma de la titular de dicha repartición,, Lic. Jessica Bogado.
Asimismo, la defensa refiere que el 15 de julio de 2022, el contralor General de la República remitió todos los antecedentes del examen de correspondencia al Ministerio Público, sin haberle comunicado ni notificado a la fecha sobre el resultado y la suerte del proceso.
“Igualmente, tal como se desprende de las documentaciones acompañadas a esta presentación y que podrán ser cotejadas por S. S, informe mediante del alto órgano de control, no existe un acto administrativo en concreto por el cual se califique la correspondencia o no de las declaraciones juradas presentadas por el señor Wilfrido Cáceres, dictada por el Contralor General de la República, en ejercicio de sus deberes y atribuciones establecidos en el Art. 283˚ de la Constitución Nacional. Todas las actuaciones se limitan a informes y dictámenes suscriptos por funcionarios subordinados jerárquica y organizacionalmente a la máxima autoridad de la Contraloría General de la República”, señala la defensa.
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Corte tiene expediente en estudio desde 2022
Posteriormente, Cáceres amplió el amparo y planteó la inconstitucionalidad de los artículos 9˚ y 11˚ de la Ley N° 276/94 “Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República”, motivo por el cual el 25 de julio del 2022, la entonces jueza penal de la Adolescencia, Edith Coronel (hoy jubilada) llamó autos para resolver y remitió el expediente a la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia, donde el expediente permanece hasta la fecha sin resolución.
“No intentamos ser redundantes pero si insistentes al expresar que el examen de correspondencia valido debe ser necesariamente firmado por el Contralor General de la Republica y no por cualquier funcionario, la narrativa desplegada por el Ministerio Público pecó al menos de irresponsable pues fácilmente puede ser un acto nulo tanto su Acta de Imputación como las demás actuaciones que deriven del examen de correspondencia obrante en esta causa y el cual puede ser declarado nulo por la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala Constitucional”, argumentan los defensores, en su incidente de prejudicialidad.
Finalmente, la defensa solicita al juzgado que solicite los informes necesarios para determinar la veracidad de lo señalado y disponga la suspensión de la audiencia de imposición de medidas fijada para el 4 junio próximo, hasta tanto la Corte Suprema de Justicia se expida sobre la cuestión planteada.
Compra simulada y falta de correspondencia de bienes e ingresos
Entre 2018 y 2023, Cáceres fue asesor profesional contratado por la Junta Municipal, director general de Gabinete y director general de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Asunción, en la administración del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR - cartista). Actualmente, Cáceres figura como funcionario de la Junta Municipal de Asunción, comisionado a la intendencia, con un salario de poco más de G. 7.177.790, más G. 253.635 de subsidio médico y otros G. 1.608.220 por grado universitario, con lo que totaliza un ingreso mensual de G. 9.040.645.
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En enero de 2023, nuestro diario reveló una transacción hecha entre el matrimonio de Wilfrido Cáceres y Ruth Da Silva con Camila Ramírez, en torno a los dos terrenos –ahora objeto de embargo– adquiridos el 9 de julio de 2020 por la pareja por la suma de G. 50 millones cada uno. Sobre estos, edificaron una ostentosa casa que el 13 de agosto de 2021 transfirieron a Ramírez, vía escritura pública, por valor de G. 100 millones.
Esta operación, que sería una simulación para que el matrimonio oculte sus bienes, situación expuesta por ABC, abrió camino al inicio de una causa penal, a cargo del fiscal Silvio Corbeta.
En su imputación, el fiscal señaló que Wilfrido Cáceres presentó tres declaraciones juradas ante la Contraloría General de la República (CGR), correspondientes al 22 de marzo de 2019, el 4 de agosto de 2021 y 24 de noviembre de 2021. Tras un examen de correspondencia, la entidad concluyó que no existe correspondencia entre los bienes declarados y los ingresos obtenidos del matrimonio.
La Contraloría también verificó que Camila Ramírez, al tiempo de adquirir la propiedad no tendría ingresos suficientes para adquirir los mencionados inmuebles.