La fiscala de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra los Derechos Humanos, Sonia Sanguinés, se constituyó esta mañana en el Hospital Militar, donde está internado en terapia intensiva el cadete Édgar González (20), quien sufrió la rotura del bazo tras una golpiza presuntamente propinada por el militar de 4º curso Matías Paredes, en la Academil.
La representante del Ministerio Público manifestó ante los trabajadores de prensa que el motivo de su constitución en el nosocomio fue recoger más datos sobre el estado de salud de la víctima. Añadió que también lograron conversar con la mamá, quien le indicó que su hijo no dio información alguna sobre su agresor.
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“Ella nos dio información nueva de que cuando él fue a su casa, después de su franco, no tenía ninguna lesión externa. El doctor también dijo que después de que él se desvaneció y una vez que ingresó al hospital, no tenía lesión externa, por eso le interrogaron y tampoco dio detalles de su agresor”, expuso la fiscala.
Incluso, la mamá le dijo a su hijo que ya estaba internado: “Ñaíta ko’ápe toda la noche (vamos a estar toda la noche”), aun así el cadete no habló. Según citó la fiscala, la madre le dijo que “su hijo es muy cerrado y fiel a su formación militar; por eso no se quejó ni dio indicios sobre quién le pegó”.
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Alta expectativa por lesión
Al ser consultada sobre el hecho punible investigado, la fiscala manifestó que primero tiene que conversar con el médico forense para determinar si hubo o no la lesión grave, así como también los hechos de tortura, “porque no hubo denuncia formal, pero de oficio tomamos intervención independientemente a lo que haya hecho la Justicia Militar, que es un procedimiento aparte”.
Sanguiés explicó que en la Justicia ordinaria, por la Fiscalía, se investiga la lesión corporal cuyo marco es bajo, pero tiene el agravante cuando se produce en el ejercicio de funciones públicas. En caso de que se reúnan todos los requisitos el marco penal se amplía a 15 años de privación de libertad.
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En el caso del hecho de tortura, la fiscala expresó que “una vez que hablemos con Ángel se podrá determinar la tortura, porque tenemos que fue un golpe”, porque la Justicia Militar “tiene la visión del abuso de autoridad, porque el autor es del cuatro año y abusó de su jerarquía”.
Poco después del mediodía de este jueves, la fiscala Sanguinés se constituyó en la Academia Militar para obtener mayores datos relacionados al hecho y quiénes eran las autoridades que se encontraban de turno, para determinar las responsabilidades en ese aspecto.
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El Código Penal establece en su artículo 307, sobre la “Lesión corporal en el ejercicio de funciones públicas”, que: 1º El funcionario que, en servicio o con relación a él, realizara o mandara realizar un maltrato corporal o una lesión, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años. En casos leves, se aplicará pena privativa de libertad de hasta tres años o multa. 2º En caso de una lesión grave conforme al artículo 112, el autor será castigado con pena privativa de libertad de dos a quince años.
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Militares identificaron al agresor
La representante del Ministerio Público indicó que fue la propia Justicia Militar la que individualizó al agresor a través de los camaradas de Ángel, porque ni siquiera la Fiscalía tenía los datos de quién fue el que propinó el o los golpes a la víctima.
En otro momento sostuvo la fiscala que “hay que tomar conciencia de esto, espero que Ángel colabore porque este tipo de conductas no deben ser normalizadas. Están mal, sean en instituciones policiales o militares”.