El Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción confirmó la resolución que admitió la acusación contra el exministro de Obras Públicas y Comunicaciones Ramón Jiménez Gaona, su exviceministra de Administración y Finanzas Marta Benítez Morínigo y el encargado del proyecto metrobús Guillermo Alcaraz.
Al analizar el recurso de apelación planteado por los abogados Alcides Cáceres y Tarek Tuma, los camaristas Bibiana Benítez, Arnulfo Arias y Arnaldo Fleitas concluyeron que la acción de inconstitucionalidad planteada por los acusados no suspende el proceso, ya que no es contra una sentencia definitiva o un auto interlocutorio que pone fin al presente proceso penal.
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Asimismo, el tribunal de alzada señala que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no dictó resolución alguna ordenando la suspensión del proceso.
Con esta resolución de la Cámara de Apelaciones, una vez que el expediente sea remitido al juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú, el magistrado podrá fijar nuevamente la audiencia preliminar, a fin de estudiar el pedido de la fiscala María Estefanía González, quien solicitó elevar a juicio oral y público la causa penal.
Acusación por metrobús
La fiscalía puntualiza en la acusación que durante la gestión de Ramón Jiménez Gaona como ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (2008-2013) el Estado desembolsó dinero por obras que no cumplieron las especificaciones técnicas y no sirven para la finalidad del proyecto conocido como metrobús.
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La fiscala María Estefanía González resalta que el daño patrimonial ocasionado al Estado paraguayo es por la suma de G. 180.030.528.699 (cerca de 25 millones de dólares al cambio actual) por el pago de un total de 29 certificados de obras a favor de Mota-Engil Ingeniería y Construcción SA, teniendo en cuenta que por dicha suma terminó recibiendo una obra inconclusa e inviable a consecuencia de las conductas de los ahora acusados.
Sobre Guillermo Alcaraz Reisinger, la acusación fiscal resalta que su desprolijidad en la gerencia del proyecto significó una serie de irregularidades que causaron la no conclusión de las obras y el perjuicio al Estado.
Con respecto a Marta Benítez Morínigo, la fiscalía resalta que firmó la modificación del contrato original con Mota-Engil por el cual se aumentó el convenio en G. 103.483.670.390, causando daño al patrimonio del MOPC con la fallida obra.
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Embargo por G. 109.000 millones
En abril de 2023, el juez Humberto Otazú dispuso el embargo preventivo por poco más de G. 36.000 millones sobre las cuentas de cada uno de los acusados por lesión de confianza, que totalizan más de G. 109.000 millones.
La Fiscalía solicitó este bloqueo de los bienes pensando en que el Estado pueda recuperar al menos parte del dinero que perdió el metrobús.