Los miembros de la Comisión de Hacienda presentaron dos dictámenes; en uno ellos, la mayoría de sus miembros recomendó la aprobación de la rendición de cuentas de la intendenta alegando que no existen motivos para el rechazo y otro grupo sugirió el rechazo de la ejecución presupuestaria.
En ese sentido, algunos datos relevantes que mencionaron y aseguran ameritaron el rechazo son que se visualizan cheques pendientes de pagos de un total de G. 6.087.068. Dichas obligaciones y egresos contables se han registrado durante el presente ejercicio fiscal 2023 y no fueron efectivizados al cierre del ejercicio.
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En el rubro de inventarios no figuran notebook y sillas donadas por el Viceministerio de la Juventud. Una camioneta Marca Chevrolet, tipo Blaizer, y una retroexcavadora que deberían darse de baja figuran aún dentro del activo físico de la institución con un valor de G. 76.167.395.
Entre otras llamativas inconsistencias, se menciona que por cobro de ocupación del mercado municipal figura solo G. 1.200.000 de ingreso anual. Sin embargo, por día los seis arrendatarios pagan G.13.000 y que tendría que haber ingresado a la comuna G. 78.000 por día y G. 22.464.000 anuales, según señala en el dictamen la observación realizada a la gestión de la intendenta.
G. 800 millones pendientes de pago no fue registrado
Aseguran en el dictamen que el total de pasivo, que son obligaciones pendientes de pago y que no fueron expuestos en la rendición de cuentas, alcanza un monto de G. 800 millones aproximadamente.
Por el rechazo votaron los concejales colorados; Silvia Zárate, Delia Aranda, José Almirón, Luis Montiel, Gustavo Barrios, Jorge Riveros y Alberto Quiñonez.
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Mientras tanto que por la aprobación, acompañaron los concejales liberales Lizandro Ramírez, Gladys Alvarenga, Daysi Valdez, Marcelino Cabañas y Daniel Pereira.
Ahora la intendenta tiene 30 días para aceptar lo resuelto por mayoría de la Junta Municipal o podrá vetar, conforme dijo el presidente de la Junta Municipal, José Almirón (ANR).
Finalmente, dijo que si la ejecutiva municipal veta lo resuelto por la Junta y si los que rechazaron no reúnen los dos tercios de votos para el rechazo definitivo, de igual manera van a comunicar a la Contraloría General de la República (CGR) de las irregularidades detectadas en la gestión de la intendenta.