El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia admitió la acusación contra del exministro de Emergencia Nacional Joaquín Roa Burgos, de 62 años; por los supuestos hechos punibles de cohecho pasivo agravado, lavado de dinero, lesión de confianza, administración en provecho propio, asociación criminal y lavado de activos, todos estos en calidad de autor.
El magistrado también admitió la acusación planteada por el fiscal anticorrupción Silvio Corbeta en contra del empresario Alberto Koube Ayala (52), por presunto lavado de dinero, en calidad de coautor; lesión de confianza como cómplice y lavado de activos en calidad de coautoría.
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Estigarribia fijó la audiencia preliminar para el jueves 16 de mayo, a las 8:00, a fin de analizar si eleva a juicio oral y público la presente causa penal, así como pide el fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Silvio Corbeta.
La primera imputación en contra de Joaquín Roa, formulada el 26 de abril de 2023, tuvo como base los allanamientos hechos en el marco de “A Ultranza Py” que se iniciaron el 22 de febrero de 2022, en los que se inmovilizó la embarcación “Antares”, que estaba a nombre de la empresa “Tapyracuai SA”, representada por el empresario Alberto Koube y que habría recibido el exsecretario del Ejecutivo a cambio de redireccionar licitaciones. En noviembre de 2023 se amplió la imputación y ante el escándalo, Roa había renunciado a su cargo de ministro de la SEN.
Roa habría direccionado 10 millonarias licitaciones
De acuerdo a la hipótesis de la fiscalía durante su paso por la función pública, Joaquín Roa habría recibido beneficios indebidos de parte del también acusado en la causa penal “A Ultranza Py” Alberto Koube Ayala, con quien mantendría una relación de amistad, a cambio de adjudicar licitaciones públicas a favor del empresario, lo que se sostiene con la acusación.
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Si bien Joaquín Roa se desempeñó como titular de la SEN entre los años 2013 y 2022, específicamente en el periodo comprendido entre 2018 y 2021 se pudo detectar que habría adjudicado sistemáticamente millonarias licitaciones y contrataciones a su amigo Alberto Koube, por un valor superior a G. 16.000.000.000, para la obtención conjunta de beneficios económicos indebidos a costa de los fondos del ente estatal.
El Ministerio Público asegura que las adjudicaciones se dieron con el concurso de las firmas de Alberto Koube, como el Grupo Tapyracuai SA, y de esquemas empresariales de terceros proveídos o vinculados al mismo, como: JPA Logística, Noemacol, Sofimac, Joaquín Núnez, Katerine Ayala y otros.
Joaquín Roa y Alberto Koube se asociaron a los efectos de lograr el desvío de los fondos de la SEN, simulando los procesos administrativos beneficiando con las contrataciones siempre a las referidas empresas, en contra de los deberes de una correcta administración y gestión pública, como la obtención de una embarcación “AZ 42″ valorada en US$ 450.000 y sumas de dinero, según consta en la acusación fiscal.
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Entre los años 2018 y 2021 se adjudicaron un total de 10 licitaciones al Grupo Tapyracuai SA, Sofimac SA, Noemacol SA, Distribuidora San Blas SA, y Logística JPA, por sumas que van entre G. 1.080.000.000 y G. 1.800.000.000 por el alquiler de camiones y por la suma de G. 2.310.000.000 a la firma Katerine Ayala por la provisión de chapas.
Obtuvieron beneficios con concurso de precios simulado
La acusación fiscal resalta que en el marco de todas las maniobras que, supuestamente, llevó a cabo el entonces ministro Joaquín Roa en complicidad con su amigo personal Alberto Koube, en setiembre de 2021 el secretario estatal a través de la Resolución SEN Nº 773/2021 autorizó la compra de “chapas de fibrocemento” vía urgente impostergable, a través del Fondo de Emergencia Nacional (Fone Nº 35/2021).
En ese llamado fueron adjudicadas dos firmas, Transporte y Carga para la Construcción de Katerine Angélica Ayala Ramos, para la provisión de 70.000 unidades de chapas de fibrocemento por valor de G. 2.310.000.000, y la firma Metalsen de Eduardo Semidei para la provisión de 30.000 chapas por valor de G. 990.000.000. Es decir, se adquirieron 100.000 chapas por G. 3.300.000.000.
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Sin embargo, la adjudicación en dichos llamados se realizó bajo el esquema de simulación de concurso de precios referenciales con presupuestos de otras empresas privadas. Así, Roa adjudicó el contrato de G. 2.310.000.000 a Katerine Ayala por la provisión de 70.000 chapas a G. 33.000 la unidad, precio más económico supuestamente que las demás firmas.
Posteriormente, Roa efectuó el pago por los materiales en las fechas 24 de noviembre de 2021 por G. 1.560.000.000 y el 27 de diciembre de 2021, por G. 624.000.000, mediante la emisión de dos cheques del Banco Nacional de Fomento (BNF), ocasionando así un perjuicio de G. 716.000.000.
El documento acusatorio señala que en las documentaciones oficiales aparecía un esquema empresarial ajeno a los imputados de nombre “Transporte de Materiales y Carga para la Construcción” de Katerine Angélica Ayala Ramos”. La empresaria en este caso había señalado a los investigadores que se presentó por pedido expreso de Alberto Koube.
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Empresa no entregó materiales, según fiscalía
La acusación del fiscal Silvio Corbeta expone que la firma de Katerine Ayala no proveyó las 70.000 unidades de chapa de fibrocemento que habría adquirido supuestamente la SEN; así lo señaló la empresaria al Ministerio Público, y que al final habría sido Alberto Koube el encargado de proveer los materiales, pero tampoco hay constancias de que se hayan entregado.
Por otra parte, los informes bancarios permiten observar que los cheques librados por la SEN fueron endosados y depositados en la cuenta de Alberto Koube, por el funcionario de su empresa Alfredo Martinetti. En ese contexto, hay una factura de crédito Nº 002-001-0001449 del 27 de noviembre de 2021.
Asimismo, la Senabico que actualmente administra el Grupo Tapyracuai informó en la contabilidad de la empresa que se registraron compras de chapas con fechas del 18, 20, 21, 22, 23, 24 de setiembre, así como 13, 15 y 19 de octubre de las empresas Richard Cáceres Cáceres, San Carlos SRL Construcción y Ferretería, Robert Torres González, Che Po’a SA, y Electro Maq. SRL por un total de G. 1.594.000.000.
Es así que se cuentan con los datos sobre que el Grupo Tapyracuai SA habría proveído de 70.000 unidades de chapas, que habría adquirido por el costo de G. 22.771 cada una, según la relación entre el valor total G. 1.594.000.000 y la cantidad (70.000); mientras que la firma Katerine Ayala vendió supuestamente los materiales por G. 33.000 cada uno. De la diferencia, se desprende que el perjuicio patrimonial en este ítem fue de G. 716.000.000.