El fiscal Jorge Escobar, a cargo del Ministerio Público, formuló la imputación contra el intendente de Luque, Carlos Echeverría, luego de una exhaustiva investigación que recopiló testimonios, pericias y evidencias sobre la muerte de una madre y su hija arrastradas por el raudal la semana pasada.
Estas imputaciones se fundamentan en una presunta negligencia por parte de las autoridades municipales en el mantenimiento de las calles y el sistema de drenaje, lo que habría contribuido a las fatales consecuencias del temporal.
El fiscal ha presentado en el acta de imputación los hechos que vinculan al intendente de Luque con la muerte de Nilda Luján Barrios y Sara Nilda Benítez. Según los informes, ambas mujeres habrían sido arrastradas por las aguas de una intensa lluvia y caído en la zanja San Juan, junto con otros cinco ocupantes de un vehículo, perdiendo la vida Luján Barrios y Sara Nilda Benítez por traumatismo craneoencefálico severo y fractura de columna cervical.
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Las causas atribuidas al intendente Carlos Echeverría
El intendente de Luque fue imputado por homicidio culposo e intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre.
Las evidencias recolectadas apuntan a que al momento del accidente existían graves deficiencias en el sistema de seguridad vial en esa zona, con falta total de señalización de advertencia de peligro e instalaciones de protección para peatones y vehículos, careciendo de barreras eficaces ante los fuertes caudales.
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El acta menciona que, en su calidad de máxima autoridad municipal, Carlos Echeverría Estigarribia sería el responsable de ejecutar las obras necesarias para garantizar la seguridad vial en la ciudad. Sin embargo, se le acusa de no haber realizado las diligencias pertinentes para disminuir los riesgos en la circulación vehicular y peatonal en la zona de la zanja San Juan, omisión que habría ocasionado las muertes mencionadas.
Aunque restan diligencias por realizarse, como declaraciones testimoniales y pericias de construcción, el fiscal estima necesario un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo contra el imputado, conforme al artículo 324 del Código Procesal Penal.