Santiago Peña designó al ministro de Industria y Comercio (MIC), Javier Giménez, como coordinador de las “tareas tendientes a la evaluación e implementación de sistemas de trazabilidad socioambiental, que garanticen la competitividad y acceso de los bienes y productos paraguayos en los mercados internacionales”. La designación se da en el marco de las negociaciones en torno al cuestionado reglamento 1.115 de la Unión Europea.
Al respecto, el ministro de Agricultura, Carlos Giménez, aseguró que nada cambiará en la postura paraguaya. “Todo lo que se va a escribir, se va a hablar, definitivamente vamos a estar todos juntos, no es que el coordinador va a tomar las decisiones de forma unilateral”, señaló.
Indicó que el Gobierno debe trabajar para que la reglamentación no afecte a los productores ni vaya en detrimento del crecimiento económico. “Nosotros necesitamos exportar, tenemos que de alguna manera ponernos las pilas(...) Paraguay tiene condiciones demasiado ventajosas para poner sobre la mesa”, aseguró.
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Recalcó que la UE tiene condiciones difíciles de cumplir, por ejemplo relacionados a la trazabilidad socioambiental, pero que hay otros puntos que sí se pueden negociar. “Nosotros queremos vender nuestros productos, no podemos perder ese mercado por no sentarnos a trabajar por estas cuestiones que sí podemos (cumplir)”, declaró en ABC Cardinal.
Calificó incluso de “ridículas” algunas cuestiones que deben ser debatidas para poder resolverlas. “Peor sería que nosotros no digamos nada y esto entre en reglamentación. Tenemos que sentarnos a hablar, aunque no nos guste”, manifestó.
Gremios: “Los productores están excluidos del proceso”
Por su parte, Héctor Cristaldo, representante de la Unión de Gremios de la Producción, afirmó que si bien esta designación del Ejecutivo salió de manera sorpresiva, “no hay cambio de enfoque ni de visión”.
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Sostuvo que el desafío es que el país se ponga de acuerdo para encarar este problema. Recalcó que no se puede crear todo un sistema burocrático de trámites y papeleos para que el país se adecue al reglamento europeo. “Es un tema que se tiene que arreglar entre privados, en un contrato donde se ponen las condiciones y si yo le quiero vender o él me quiere comprar, y el que quiere conseguir mercaderías en esas condiciones, las vende”, señaló.
En otro momento, cuestionó que no tienen participación en este proceso de debate del Gobierno. “Los productores están excluidos del proceso y se le va a bajar línea sin escucharlos esa es la preocupación. Ayer dijimos claramente, queremos un sistema privado, de adhesión voluntaria, nada obligatorio ni oficial”, enfatizó.