El extitular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) Dany Durand Espínola fue acusado junto con otros siete exdirectivos del Grupo Mocipar, por la fiscala Alba Delvalle, por los supuestos hechos punibles de estafa, lesión de confianza, lavado de dinero, asociación criminal, evasión de aportes a la Seguridad Social, conducta conducente a la quiebra y conducta indebida en situación de crisis.
Los demás acusados por el Ministerio Público son: Fernando Román Fernández, Marcela Adriana Durand Martínez, Luz Marina González de Durand, Diana Teresita Britos Ocampo de Román, Favio Arturo Britos Ocampo, Myriam Elizabeth Teme Buscio y María Cristina Coeffier Villalba, todos exdirectivos de la firma Mocipar.
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La acusación fiscal resalta que todas estas personas conformaban una estructura de organización empresarial y buscaban obtener bienes patrimoniales resultante de la falta de entrega de los bienes comprometidos a los clientes de las empresas del Grupo Mocipar, como, asimismo, a la falta de pago de sus proveedores de bienes, siendo la idea y la dirección de la mecánica de “obtener bienes patrimoniales de forma indebida”.
La fiscala Alba Delvalle resalta que el perjuicio patrimonial ocasionado a un total de 31 víctimas de estafa asciende a la suma de G. 867.087.725, cuyo origen proviene de las estructuras contractuales ilícitas, diseñadas para obtener beneficios patrimoniales indebidos provenientes de los aportes de los clientes, según la acusación de 182 páginas.
Mocipar carecía de recursos para cumplir con clientes, según fiscalía
Los hoy acusados, en nombre y representación de las firmas Mocipar Automotores SA, Mocipar Propiedades SA y Mocipar Hogar SA, realizaron declaraciones falsas sobre hechos que indujeron al error de las 31 víctimas de estafa, llevándolas el error acontecido a disponer de su patrimonio y a sufrir el consecuente perjuicio, con la técnica articulada de los contratos y con la promoción y transmisión de sorteos televisivos, que inspiraban a los clientes a la confianza; sin embargo, estos simplemente fueron personas aportantes que solo crearon beneficios unilateralmente para los hoy acusados.
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La acusación agrega que solo el engaño, a través de las suscripciones de contratos sucesivos de clientes a las empresas del Grupo Mocipar, las declaraciones plasmadas en los contratos de los ofrecimientos como: Plan Auto Fácil, Plan de Vivienda, Plan Vivienda de Sueño, Plan Departamento Barrio Cerrado, Plan Vivienda Campos del Sol, Plan Casa, Plan Casa Fácil, etc., fueron ofrecimientos que “se contrapusieron por completo con la realidad, porque los acusados carecían de bienes suficientes para cumplir con los numerosos compromisos que habían asumido”.
De acuerdo al Ministerio Público, los ahora acusados expresaron igualmente una clara voluntad de no cumplir con los compromisos contractuales que habían suscripto, de la forma que realizaban sus gastos conforme a las operaciones de compras de vehículos, terrenos y cesiones de los mismos, sin que estas operaciones hayan sido para cumplir con los fines de las empresas del Grupo Mocipar.
En ese sentido, la fiscalía agrega que los clientes de Mocipar Automotores SA, Mocipar Propiedades SA y Mocipar Hogar SA dispusieron de su patrimonio entregado importantes sumas de dinero, no recibiendo como contraprestación ningún bien, aconteciendo de esta forma el perjuicio patrimonial por un total de G. 867.087.725.
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Acusados condujeron a Mocipar a la quiebra
Según la acusación fiscal los ex directivos de Mocipar, ahora acusados y con pedido de juicio oral, realizaron desmesuradamente operaciones, y sin control de dichos gastos, se alejaron de los fines que perseguían las empresas como personas jurídicas, ya que los investigadores observaron que los representantes, por medio de las empresas del Grupo Mocipar, se dispusieron a gastar y obligarse a pagar sumas exageradas de dinero que no han sido cubiertas.
Al respecto, el Ministerio Público agrega que entre las víctimas del esquema de estafa también están las empresas proveedoras, que hasta hoy día reclaman sus respectivos créditos en las quiebras de las empresas de Mocipar.
Además, la acusación presentada por la fiscal Alba Delvalle puntualiza que como empleadores, las empresas del Grupo Mocipar han omitido los pagos de los aportes de seguridad social de los trabajadores, pero que han sido descontados a los mismos. Al respecto, el Instituto de Previsión Social (IPS) reclama al Grupo Mocipar la suma de G. 1.832.934.276 con el no pago por la seguridad social de sus empleados.
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“Todas estas conductas que condujeron a las empresas de Mocipar a declararlas en la quiebra, no sin antes haber tenido el balance general correspondiente a la firma Mocipar Automotores S.A., que fue elaborado por Myriam Teme Buscio, quien señaló como pérdida la suma de G. 1.287.134.564 sin respaldo de ningún tipo, y en el caso de la Firma Mocipar Propiedades S.A., que presentó un balance en el juicio de quiebra, que fue preparado por Cristina Coeffier, señalando pérdidas por valor de G. 4.438.299.022, careciendo por completo de respaldo documental”, enfatiza parte de la acusación.
Durand intentó cobrar crédito en quiebra de Mocipar
La fiscal Alba Delvalle resalta en la acusación que en la quiebra de Mocipar Dany Durand presentó documentos, respaldado por Favio Britos y Fernando Román, con la intención de cobrar créditos que ha incluso manipulado con sus respectivas declaraciones juradas, con la pretensión de querer cobrar dinero, cumpliéndose así la tentativa de estafa, de acuerdo a parte del escrito conclusivo.
“El Sr. Durand que había recibido numerosos regalos de las empresas del grupo Mocipar, cobró altos intereses por el préstamo que realizó, pero no contento con esto hizo figurar en actas del directorio de contenido falso, una suma mucho mayor a la que prestó efectivamente, con el propósito y la finalidad de seguir obteniendo beneficios a costa de Mocipar Automotores S.A.”, señala la agente del Ministerio Público en la acusación.
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Al respecto agrega que el hecho punible de estafa, que dogmáticamente se presenta como estafa de contratación, de cumplimiento y de aseguramiento, se presenta en esta causa en el doble aspecto de estafa de cumplimiento y de aseguramiento.