La jueza de Garantías Alicia Pedrozo revocó la prisión preventiva y dictó el arresto domiciliario de la Abg. Fátima Patricia Agüero Stelhik, de 39 años, detenida el pasado 10 de enero y procesada junto a otras doce personas por presunta estafa y asociación criminal, en el marco de la investigación realizada por la fiscala Sandra Ledesma por la supuesta “venta de cargos” en el Instituto de Previsión Social (IPS).
Luego de la audiencia de revisión de medidas llevada a cabo ayer, miércoles 6 de marzo de 2024, la magistrada concluyó que ya no se encuentran reunidos conjuntamente los presupuestos legales para mantener la prisión preventiva, puesto que conforme a las instrumentales agregadas por la defensa de Agüero Stelhik se han desvanecido los presupuestos de peligro de fuga y el peligro de obstrucción a la investigación.
Lea más: Abogada procesada por supuesta venta de cargos en IPS seguirá presa
Además del arresto domiciliario, la Abg. Fátima Patricia Agüero Stelhik tiene prohibición de salir del país y prohibición de cambiar de domicilio sin autorización judicial; una fianza real por la suma de G. 969 millones, consistente en un inmueble ubicado en la ciudad de Luque; y una fianza personal de Abraham Enrique Agüero Stehlik y Abraham Enrique Agüero Stehlik, de G. 400 millones cada uno.
En su resolución Pedrozo argumentó el arresto domiciliario de la letrado señalando que están pendientes de realización diligencias, a los efectos de recabar elementos que ayuden a esclarecer las circunstancias particulares del presente caso, y atendiendo que lo que se pretende en todo proceso penal es el efectivo sometimiento de los imputados al proceso y no la imposición de una pena anticipada.
Arresto para otra procesada por “venta de cargos” en IPS
La jueza de Garantías Alicia Pedrozo también revocó la prisión preventiva y dictó el arresto domiciliario para la enfermera del IPS Fátima Adelaida González, de 51 años, quien estuvo privada de su libertad desde el 30 de enero pasado, en el proceso que enfrenta por presunta estafa y asociación criminal por el esquema de venta de cargos en el IPS.
Lea más: Estafa en IPS: tres personas buscadas se entregaron a la Policía
La magistrada encargada de la causa impuso a la profesional de blanco una fianza real de G. 401.740.000, correspondiente en un inmueble ubicado en la ciudad de Ñemby; y una fianza personal por la suma de G. 400 millones del señor Eduardo Javier González.
Además, González tiene prohibición de salir del país y prohibición de cambiar de domicilio sin la autorización del Juzgado de Garantías a cargo de la presente causa penal; además de la prohibición de acercarse a todas las oficinas del Instituto de Previsión Social.
En el caso de Fátima Adelaida González la jueza Alicia Pedrozo también concluyó que ya no se encuentran reunidos conjuntamente los presupuestos legales para mantener la prisión preventiva, puesto que conforme a las documentaciones agregas por la defensa, se han desvanecido los presupuestos del peligro de fuga y el peligro de obstrucción a la investigación.
Lea más: Venta de cargos en IPS; investigación aún está en etapa incipiente, según director jurídico
Rosca habría estafado a unas 3.000 personas
La investigación de la estafa con la venta de cargos en el IPS está a cargo de la fiscala Sandra Ledesma, quien realizó unos 15 allanamientos, imputó a trece personas -entre los cuales se encuentran funcionarios de la previsional y abogados particulares- y ordenó la captura de otras siete.
Para dar a sus operaciones una apariencia de legitimidad, los supuestos estafadores se presentaban ante sus “clientes” con uniformes del IPS y documentos con el logo de la previsional e incluso contaban con “equipos biométricos” para registrar a las personas que “caían”.
A partir de la tarea investigativa iniciada con relación a venta de cargos de la previsional, la agente fiscal detectó que en realidad, el esquema de estafas también involucra a otras instituciones del Estado como Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ministerio de Salud Pública (MSPBS), la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y otros.
Lea más: IPS: hasta ahora no hay registro de que algún "comprador" de cargo haya ingresado
Los investigadores estiman que unas tres mil personas habrían sido estafadas por el grupo, que exigía sumas desde G. 3 millones para un cargo en IPS y hasta G. 20 millones, en la Entidad Binacional Yacyretá.