El Ministerio Público, a cargo del fiscal Jorge Luis Arce Rolandi, investiga un perjuicio patrimonial de G. 91.738.000 contra la comuna de La Colmena durante el periodo de gobierno 2015-2020 de la gestión del exintendente Mario Iván Melgarejo Florentín (ANR). Se objetan construcciones y prestaciones de servicios. La representación fiscal solicitó la caución adecuada por G.100.000.000.
El fiscal Arce Rolandi pidió que la causa sea elevada a juicio oral y público por tratarse de un hecho de corrupción grave. Sin embargo, el juez penal de garantías de Ybycuí, Guillermo Ortega, dio lugar al pedido de la defensa técnica de cada uno de los acusados que solicitaron la suspensión condicional de procedimiento en la causa de lesión de confianza, asociación criminal y producción de documentos no auténticos.
Con la medida judicial se beneficia el exintendente municipal Mario Melgarejo (ANR), hoy jefe de transporte de la Gobernación de Paraguarí, la exconcejal municipal y actual edil concejal departamental Dora Adelaida Lezcano Cardozo (ANR-HC) y otros procesados.
En esta causa están también procesados los exfuncionarios municipales de la gestión anterior Darío Rubén Garay Jara, quien ejercía el cargo de tesorero, actualmente encargado Jefe de Aseo; Gladys María Centurión Rojas, exsecretaria general y actual asesora del intendente Sergio Galeano (ANR).
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Además está procesado José Augusto López Rojas, exresponsable de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), actualmente a disposición de Recursos Humanos. También fueron incluidos en el proceso los proveedores Teovaldo Ramón Cañete Varela, propietario del taller de elastiquería San Ramón; Silvia Agostina Pedrozo Acosta, propietaria de la estación de Servicios Copeg - Puerto Irala y Marcelino Torres, dueña de Marcelo Construcciones.
Tres procesados deberán devolver G. 91.738.000 en tres años
El juez penal de garantías dispuso que el exintendente Melgarejo Florentín y los exfuncionarios de la anterior administración y quienes siguen en la función municipal: Darío Rubén Garay y José Augusto López Rojas, devuelvan G. 91.738.000 en un plazo de tres años y la constancia deberán agregar ante el Juzgado Penal de Ejecución.
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Asimismo, tienen prohibido salir del país sin previa autorización del Juzgado, la obligación de realizar una donación al Hospital de La Colmena consistente en insumos hospitalarios por G. 500.000 en forma mensual durante un año en concepto de reparación del daño social causado e igualmente deben realizar mantenimiento y limpieza de la Escuela APAPECOL de este distrito durante un año.
En relación a la concejal departamental Lezcano viuda de Cardozo y el proveedor Cañete Varela, el juez dispuso prohibición de salida del país sin autorización del Juzgado; la obligación de realizar una donación al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ybycuí consistente en alimentos no perecederos por G. 500.000 cada procesado en concepto de reparación del daño social causado.
La actual asesora de la Municipalidad, Centurión Rojas, deberá donar a la Municipalidad G. 5.000.000 pagaderos en forma mensual en un plazo de dos años en concepto de reparación del daño social causado a la comuna.
La proveedora Silvia Agostina Pedrozo Acosta deberá donar a la Municipalidad de la ciudad de La Colmena la suma de G. 3.000.000. El pago lo debe realizar en forma mensual durante un año. El proveedor Marcelino Torres Grance debe donar a la Municipalidad G. 2.000.000 pagaderos en forma mensual durante un año en concepto de reparación del daño social.
Igualmente, el juez dispuso el levantamiento de todas las medidas cautelares que pesan sobre los encausados.
Hechos investigados
En el expediente fiscal se señala que los proveedores de la Municipalidad habrían sido adjudicados con contratos que no fueron ejecutados conforme a las normativas establecidas, como también libramientos de cheques sin respaldo documental que habrían sido cobrados por funcionarios municipales.
La denuncia refiere que en los años 2016 y 2017 se celebraron contratos entre la Municipalidad de La Colmena y entes privados para la prestación de servicios, como provisión de combustibles, reparación y mantenimiento de maquinarias, entre otros.
Los contratos se efectuaron en los años 2016 y 2017, por la vía de la excepción y por contrato directo. Se cuestiona la adquisición de combustible para uso institucional por la vía de la excepción en el año 2016, por G. 31.438.000.
Asimismo, se menciona que existen sospechas de malversación de fondos en la adquisición de servicios de reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria, que se adjudicaron por G. 120.000.000 por contrato directo en el año 2017. En este caso específico el perjuicio ocasionado habría sido de G 37.800.000 a través de la producción y utilización de documentos no auténticos.
En el expediente se señala también que respecto a servicios de reparación y mantenimiento de del tractor agrícola y provisión de repuestos, el contrato se realizó por la vía de la excepción año 2017 y el perjuicio sería de G. 22.500.000. De todo lo denunciado el Ministerio Público concluyó que el daño patrimonial es de G. 91.738.000
Tras el rechazo de la ejecución presupuestaria del 2018, un grupo de concejales habían denunciado el hecho ante la Contraloría General de la República (CGR) y ante el Ministerio Público por mala utilización de los recursos de Fonacide y royalties. Los resultados de auditoría resultados sirvieron de base para las imputaciones.