Se hace necesario reconocer el valor de la agricultura y el comercio como instrumentos fundamentales para garantizar la paz y el desarrollo sostenible, fue una de las conclusiones del análisis realizado por los ex ministros de Agricultura, Ing. Santiago Bertoni y el Ing. Alfredo Molinas, sobre las nuevas exigencias de Europa, que se empezarán a aplicar desde finales de este año. Las conclusiones fueron difundidas la semana última en el marco de un conversatorio organizado por la Unión de Gremios de la Producción (UGP).
“El Reglamento N° 1115/2023 de la Unión Europea es una fuerte y clara injerencia en los modelos de desarrollo implementados en Paraguay, que han sido claramente positivos para el país y su gente. Porque en los últimos 20 años de gestión productiva agropecuaria y forestal, permitió que se consiga disminuir la pobreza, multiplicar el PIB de manera sostenible y reducir los impactos en los indicadores ambientales”, destacaron.
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Según el análisis, Paraguay como país productor y exportador de productos agrícolas, gracias a la competitividad y al creciente comercio internacional ha conseguido posicionarse en el ranking mundial de los principales productores agrícolas y está produciendo y exportando alimentos para 80 millones de personas de manera competitiva, sustentable económica, social y ambientalmente.
Además, ambos profesionales indicaron que en nuestro país, la cadena de valor que incluye la producción agropecuaria y forestal, así como la agroindustrial y de servicios relacionada al campo, es el motor de la economía paraguaya, ya que representa 74% del ingreso de divisas en el país.
Destacaron que el PIB total ha aumentado de US$ 7.196 millones en 2002 a US$ 39.321 millones en 2022, es decir que en 20 años creció casi 6 veces. Este crecimiento económico sostenido contribuyó además a reducir la pobreza, que en las dos décadas disminuyó del 57,7% en 2002 al 24,7% en 2022.
Paraguay, al igual que los demás estados partes del Mercosur, depende de un comercio internacional justo, transparente, con reglas claras y previsibles, ya que eso contribuye a mantener su crecimiento económico sostenido impulsando la reducción de la pobreza.
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El bloque económico sudamericano fue fundado en 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, al que luego se sumó Bolivia, en el cual los países miembros cifraban sus esperanzas de crecimiento en un comercio mucho más justo.
Pero según la opinion de la UGP, a los 33 años de la creación del Mercosur, el comercio agrícola hoy se ve ensombrecido por el aumento de medidas proteccionistas que pretende aplicar la Unión Europea.
Otro alegato de los productores es que la UE exige y pretende aplicar sus normativas internas a terceros países que comercian con el bloque basándose en una cuestión de equilibrio, hecho muy discutible porque no se puede comparar una agricultura europea basada en un esquema de subsidios con una producción realizada sobre bases competitivas por parte de los países que conforman el Mercosur, así tamién no es lo mismo producir en Europa que en el trópico y subtrópico sudamericano, dijeron.
El nuevo reglamento
El 31 de mayo del 2023 se publicó en el diario oficial de Unión Europea el Reglamento N°1115/2023, relativo a la comercialización en el mercado de la Unión y a la importación y exportación desde la Unión de determinadas materias primas y productos asociados a lo que llaman deforestación y/o degradación forestal. Dicho reglamento impone que para productos que denominan pertinentes, no podrán ser comercializados en la UE si provienen de tierras deforestadas posteriormente al 31 de diciembre del 2020; en el caso del Paraguay se verían afectadas la soja, la madera y productos de origen animal.
Además, el reglamento es un procedente del “Pacto Verde Europeo”, que es considerado desde Paraguay como una solapada norma de proteccionismo ambiental, con la que solo buscan imponer más trabas comerciales y aumentar el proteccionismo a la UE, sin respetar los principios y compromisos de los países acordados en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
En ese sentido, según Molinas y Bertoni, eso no solo aumenta la incertidumbre, sino que incluye medidas distorsivas al comercio y todos los demás principios a los cuales se comprometieron los países para fomentar la paz y el bienestar de sus pueblos.
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“En Paraguay es indiscutible que este reglamento 1115/ 2023 constituye una fuerte y clara injerencia en los modelos de desarrollo implementados en el territorio nacional, que en los 20 años gestión productiva agropecuaria y forestal consiguió disminuir la pobreza en más del 50%, multiplicar el PIB de manera sostenible y reducir los impactos en todos los indicadores ambientales”, concluyeron los expositores.
Finalmente, manifestaron que la imposición de medidas unilaterales como esa norma son y derivan en barreras comerciales que perjudicarán a la producción y a las exportaciones de productos alimentarios de los países en desarrollo, afectando el desarrollo sostenible, la seguridad alimentaria y golpeando negativa mente los objetivos de la Organización Mundial del Comercio (OMC).