La magistrada Clara Ruiz Díaz decretó la prisión de Yolanda Balbuena Martínez en su carácter de interina del Juzgado Penal de Garantías Nº 2, cuya titular es Alicia Pedrozo, quien resultó sorteada para atender el caso de la venta de cargos en el Instituto de Previsión Social (IPS) y otras instituciones públicas.
En ocasión de la audiencia de imposición de medidas, la defensa de la asistente social, a cargo del abogado Nelson Ruiz Medina, solicitó la aplicación de medidas alternativas a la prisión.
El letrado pidió que se tenga en cuenta que su representada se presentó de manera voluntaria, al darse por detenida ante la comisaría de su barrio, que no tiene antecedente penal y que en su declaración ante la Fiscalía, proporcionó todos los datos necesarios para la investigación.
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Para defensor, asistente social es “una víctima más del sistema”
“Ella es una víctima más del sistema y que incluso tuvo que abonar igualmente sumas de dinero con el anhelo de ser recategorizada en el IPS”, expresó el defensor Ruiz.
Asimismo, el defensor sostuvo que la conducta de Yolanda Balbuena tiene un reproche reducido “ya que la misma fue utilizada y manipulada por otras coimputadas en esta causa, quienes se valieron de esa ansiedad que tenía ella de ser ascendida en su lugar laboral no percatándose de que con sus actos pudiera estar ayudando a que aquellas consigan un beneficio lucrativo indebido”.
La fiscala Sandra Ledesma solicitó la prisión de la asistente social, tras alegar la gravedad de los hechos investigados y la necesidad de contar con la presencia de la imputada durante la etapa de investigación. La mujer está imputada por supuestos hechos punibles de estafa y asociación criminal.
“En el caso en particular de la citada procesada, se encuentra imputada provisoriamente por los hechos punibles de estafa y asociación criminal; es decir, estaríamos –de corroborarse con el transcurso de la investigación– ante un concurso de hechos punibles, por lo que la eventual pena a imponerse es una expectativa alta, superior a cinco años, es por ello que este Juzgado no ha logrado desvirtuar el peligro de fuga conforme al Art. 243 del C.P.P.; circunstancias que, por ahora, hacen que el peligro de fuga se encuentre latente”, argumentó la jueza Ruiz Díaz.
“En cuanto al peligro de obstrucción, debemos mencionar que nos encontramos en una etapa incipiente de la investigación, en la que existen altas probabilidades de que la imputada destruya o modifique elementos de prueba, por lo que puede afirmarse también existe peligro de obstrucción a los actos de investigación”, concluyó la magistrada.
Tras decretar la prisión, la jueza estableció que Yolanda Balbuena debe permanecer 15 días en el Departamento Judicial femenino y posteriormente debe ser trasladada al Correccional de Mujeres Casa del Buen Pastor u otro que determine el Ministerio de Justicia.
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Rosca había embaucado a unas tres mil personas
A la fecha, el Ministerio Público realizó unos 15 allanamientos, imputó a 13 personas y ordenó la captura de otras siete que se encuentran con paradero desconocido. La fiscala Ledesma explicó que la investigación permitió detectar que la rosca que inicialmente se creyó que actuaba solamente en IPS, en realidad ofrecía cargos para casi todos los entes del país.
“El monto pagado más bajo que encontramos es de G. 3 millones y el más alto es de G. 20 millones, que pagaron por cargos para Yacyretá”, dijo la fiscala Ledesma en declaraciones a ABC Cardinal.
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La agente fiscal resaltó que hay datos de por lo menos unas 3.000 personas que cayeron en la estafa, que pagaron por la promesa de que obtendrían un cargo, ya sea en el IPS o en otra institución pública. Para Ledesma, muchos no actuaron de mala fe, ya que creían que el monto que habían pagado era solo por el papeleo y no así una coima.