Las fiscalas Sandra Ledesma y Sophia Galeano presentaron imputación por presunta Estafa y Asociación Criminal en contra de la Abg. Reina Torres viuda de Duarte (45 años), Jorge Manuel Juvinel Ferreira (30) y Rodolfo Ramón Daniel Velázquez Caje (25), sindicados como presuntos miembros de la red de estafadores que ofrecía nombramientos y recategorizaciones en el Instituto de Previsión Social (IPS) a cambio de fuertes sumas de dinero.
Los dos primeros son funcionarios de la previsional mientras que en el caso de Velázquez Caje, quien también fue imputado por presunta Resistencia, fue aprehendido en su vivienda ubicada en Asunción, donde una comitiva fiscal policial realizó un allanamiento en busca de su madre Cynthia Caje. La mujer continúa prófuga.
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Las agentes del Ministerio Público solicitaron al Juzgado de Garantías a cargo de la jueza Clara Ruiz Díaz la prisión preventiva de los tres imputados, con el argumento de la existencia del peligro de obstrucción a la presente investigación y peligro de fuga, en atención a la gravedad de los hechos indagados.
Con estos tres imputados ya suman 13 los procesados por el esquema de venta de cargos, contratos y recategorizaciones en el IPS, que fue descubierto mediante una entrega vigilada en la Costanera de Asunción el pasado 10 de enero, donde cayó la Abg. Fátima Patricia Agüero tras recibir la suma de G. 6 millones de parte de un médico de la previsional, a quien prometieron un mejor cargo en la institución.
Los procesados por “venta de cargos” en IPS
El martes último la jueza de Garantías Clara Ruiz Díaz decretó la prisión preventiva de la enfermera de la previsional Fátima Adelaida González, el docente Carlos Barreto Ocampos, la contadora Jennifer Karina González González y José Genaro Santacruz Frutos, coordinador de servicios del Hospital Central del IPS; todos imputados por estafa y asociación criminal.
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Los demás procesados y con prisión preventiva por la presente causa penal son la Abg. Fátima Patricia Agüero Stelhik, exabogada de la senadora Zenaida Delgado; José Manuel Agüero Stelhik, el hermano de la letrada; y María Luján Aguilera Chaparro, funcionaria del IPS.
También están imputados por el caso Zulma Verónica Villalba Colmán, exfuncionaria de la previsional y sindicada por los denunciantes como la “reclutadora” del esquema de estafa y la administradora del dinero que recaudaban; y Eduvigis Espínola, que es funcionario activo del IPS, quien sería el coordinador del grupo de estafadores, de acuerdo a las víctimas.
Estos nueve procesados cumplen actualmente la medida cautelar de prisión preventiva. El único investigado que tras estar unos días en prisión fue beneficiado con el arresto domiciliario es Jorge Miguel Aquino Riveros, hijo de Ramón Aquino, abogado del exsenador colorado Juan Carlos Galaverna.
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También ofrecían puestos para Yacyretá y ministerios
La fiscala Sandra Ledesma reveló en charla con ABC Cardinal que el mismo grupo delictivo que ofrecía cargos en el IPS también prometía nombramientos en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), en el Ministerio de Salud Pública, en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y en el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
“Tenemos identificadas a las personas que pagaron por cargos en estas instituciones públicas. Lo que haremos ahora es corroborar si algunos de los que están en esa nómina lograron ingresar a esos entes públicos. Yacyretá, por lo que representa la institución, era el de los cargos más apetecibles y por lo que más pagaban a ese esquema”, explicó Ledesma.
La agente del Ministerio Público puntualizó que la investigación logró confirmar que el esquema de estafa contaba con numerosos coordinadores y cada uno de ellos operaba en las instituciones públicas mencionadas.
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Por otro lado la fiscala Ledesma informó que entre las evidencias que fueron incautadas durante los allanamientos realizados en el marco de las investigaciones se encuentran talonarios de vida y residencia que expide la Policía Nacional y también de solicitud de afiliación a la Asociación Nacional Republicana (ANR).
Agregó que los peritos de la Policía Nacional y de la Fiscalía analizarán si esos documentos son auténticos.