El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) Abog. Rodrigo Estigarribia en sus alegatos finales había solicitado duras penas que van de 6 a 10 años de prisión para los acusados de haber supuestamente perpetrados hechos punibles de cohecho pasivo agravado (coima), contrabando y asociación criminal, cometidos por funcionarios de Aduanas y un militar, en la cabecera del Puente de la Amistad, de Ciudad del Este, en el 2021, revelados a través del Operativo Tartufo.
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Las penas requeridas para los enjuiciados por los hechos punibles señalados, son las siguientes:
- Virgilio Miguel Ferreira Cabanella, aduanero: 10 años de pena privativa de libertad.
- Luciano Florenciano Duarte, aduanero: 8 años de pena privativa de libertad.
- Eusebio Santacruz Duarte, aduanero: 8 años de pena privativa de libertad.
- Jacinto Enrique Blanco Roa, militar: 9 años de pena privativa de libertad.
- Pedro Rubén Báez Zacarías, aduanero: 6 años de pena privativa de libertad.
Para el sexto acusado, el aduanero Antonio Oporto, el agente fiscal solicitó la absolución, por duda, pues estaba alejado de los demás procesados en el momento de la perpetración de los hechos, y no se reunió suficientes pruebas para corroborar su responsabilidad en los delitos investigados. También Estigarribia argumentó que se comprobó que Oporto tiene facultades mentales disminuidas.
Asimismo, el Ministerio Público solicitó el comiso de los G. 10 millones requisados a los acusados durante el Operativo Tartufo. Hay otras tres personas procesadas por el mismo caso, dos de ellas fueron condenadas en un procedimiento abreviado y la tercera, está prófuga de la justicia.
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Para la Fiscalía, la acusación fue probada
“En el juicio quedó plenamente demostrado a través de las imágenes la conducta de estas personas, principalmente la de Virgilio Ferreira y también de los otros acusados, donde se observa que recibían dinero para hacer pasar productos frutihortícolas, hablamos de tomate, cebolla, y también de cemento”, explicó el fiscal Estigarribia.
Las pruebas ofrecidas en juicio son resultado de una filmación realizada con cámara oculta durante dos semanas, así como imágenes obtenidas de cámaras de circuito cerrado de la zona.
“Esta fue una organización. En el primer día de filmaciones se demostró que hablaban de cómo y quién iba a cobrar, dónde iban a guardar la plata, cómo se iban a dividir las tareas y esto fue lo que sucedió: las personas llegaban, formaban filas fuera de la caseta de Aduanas, ingresaban por turno a cambio de entregar esas sumas de dinero”, relató el fiscal.
También alegó el agente “Habían algunas personas que estaban afuera y hacían pasar a estas personas; inclusive quedó demostrado que a una de las paseras, que era una mujer, le realizaron actos sexuales en ese lugar y también les pagaban para hacer pasar esas mercaderías”, agregó Estigarribia.
El agente fiscal señaló que los aduaneros y el militar acusados exigían sumas que iban desde G. 100 mil hasta G. 300 mil por persona, e incluso hubo un caso en que dejaron pasar cinco vehículos por G. 1.700.000.
El juicio oral y público se lleva a cabo ante el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos presidido por Claudia Criscioni e integrado con Yolanda Morel y Jesús Riera, como miembros titulares.
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El relato del caso de supuesta coima y otros delitos
Los hechos que le atribuyen a los acusados fueron perpetrados entre el 22 y el 30 de marzo de 2021, en el horario comprendido entre las 18:00 y 07:00 aproximadamente, en el puesto de control de la Dirección de Aduanas, ubicado en la zona primaria, a 200 metros del Puente de la Amistad en Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná.
Los funcionarios de Aduanas Virgilio Miguel Ferreira Cabanella, Luciano Florenciano Duarte, Eusebio Santacruz Duarte, Pedro Rubén Báez Zacarías y Antonio Oporto Espínola, acompañados por los personales militares Jacinto Enrique Blanco Roa y Claudio Ramón Orrego, negociaron y recibieron sumas de dinero de parte de distintas personas conocidas coloquialmente como “paseros”, entre los que se encontraban la señora Elsa Mabel Chamorro de Giménez (rebeldía) y el señor Carlos Alberto Montanía Garcete, a cambio de permitir el ingreso de mercaderías al territorio nacional sin realizar el control documental correspondiente, según la Fiscalía.
“Para ser más específicos y al solo efecto de ejemplificar lo observado en las grabaciones y detallado en el informe del Laboratorio Forense del Ministerio Público se mencionan los siguientes hechos: En fecha 22 de marzo de 2021, a las 18:00 horas, Virgilio Miguel Ferreira Cabanella y Luciano Florenciano Duarte, al momento de ingresar a su turno de guardia, se pusieron de acuerdo sobre la manera en la que recibirían los pagos, vale decir, acordaron quién iba a comandar, quién iba a cobrar y dónde iban a guardar el dinero”, agrega la acusación:
También convinieron qué iban a decirles a los paseros que no trajeran cierto tipo de mercaderías (cemento, azúcar y pollo) ya que su jefe les había indicado que suspendieran el ingreso de estas cosas debido a la presencia de los observadores de la UIC en la zona, siempre de acuerdo a la hipótesis sostenida por el Ministerio Público.
“Habitualmente, Virgilio Miguel Ferreira Cabanella, y en ocasiones Luciano Florenciano Duarte, recibían dentro de la caseta de aduanas, que, vale aclarar, es de acceso restringido para personas extrañas a la institución, a gente que deseaba hacer pasar sus mercaderías sin el control respectivo (como Elsa Mabel Chamorro de Giménez y Carlos Alberto Montanía Garcete), quienes entregaban sumas de dinero que posteriormente Virgilio Miguel Ferreira Cabanella guardaba en una mochila tipo cartera negra”, precisa la acusación fiscal.
Además, Virgilio Miguel Ferreira Cabanella, solicitaba a los paseros que trajeran determinados productos para el “decomiso” y, cuando lo ameritaba, anotaba el número de chapa de los vehículos que iban a cruzar con las mercaderías. En estos encuentros igualmente estaba presente el personal militar de turno respectivo, a quienes los paseros también le entregaban dinero, siendo Jacinto Enrique Blanco Roa uno de estos militares, dice otra parte del escrito forense de la Fiscalía.