Todos los años, en esta época, se denuncian rechazos y desmatriculaciones de chicos con algún tipo de situación, por más leve que sea, que afecte su nivel de aprendizaje. Los maestros y la comunidad educativa en general parecieran no querer hacer esa pizca más de esfuerzo, dar esa pequeña gota más de amor, que requieren los niños y las niñas en esta situación. Y la discriminación se siente; le duele al niño y también a su familia.
“Soy la mamá de una niña de 5 años, diagnosticada con TEA (Trastorno del Espectro Autista) Leve. Ella fue rechazada de un colegio asunceno y encima religioso. El colegio nunca le hizo una evaluación, ni una entrevista a mi hija antes de rechazarla. Se agarraron del informe psicológico que decía que ella es Apta para cursar el pre escolar. Pero la institución se valió para discriminarla y rechazarla por el hecho que tiene Autismo Leve”, dice una denuncia que llegó al diario.
Como este, en la última semana se denunciaron tres a cuatro casos ante el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), confirmaron, sin tener en cuenta los reclamos que llegan a las supervisiones, señalaron.
Los chicos no solo sufren este tipo de discriminación, que se da en instituciones educativas privadas sin que el MEC consiga hasta ahora revertirlo incluso con la aplicación de multas. Otra situación, incluso más fuerte, ocurre en algunas escuelas públicas, que tienen la obligación legal de recibirlos y, si no tienen las condiciones adecuadas, crearlas para recibirlos.
En esas escuelas, según denuncias, las maestras no están preparadas para tratar con niños y niñas que requieran de más apoyo para alcanzar su máximo potencial en el aprendizaje. En consecuencia, los docentes pierden la paciencia, sus compañeritos, siguiendo el ejemplo de sus mayores, también pierden la paciencia, el alumno recibe maltratos y ya no quiere ir a la escuela, y toda la comunidad educativa, en vez de incluir, excluye.
Así, ante la falta de formación de los profesionales de la educación, el futuro de cientos de niños y niñas se pone en jaque.
De nada sirven las disposiciones públicas si no se cumplen. La Ley 5.136 ya tiene diez años y estamos muy lejos de lo que promete: un “modelo educativo inclusivo dentro del sistema regular, que remueva las barreras que limiten el aprendizaje y la participación, facilitando la accesibilidad de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo por medio de recursos humanos calificados, tecnologías adaptativas y un diseño universal”.