Que la ciudad de Lambaré es un verdadero desastre donde sea que uno se vaya no es novedad para nadie. La desgraciada situación que vivieron dos militares tras el temporal del jueves último no es única, pues existen víctimas fatales y otras que de milagro han sobrevivido en situaciones similares.
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En contrapartida, los procesos abiertos a las autoridades locales por obras sobrefacturadas, desvío de fondos y hasta caja paralela instalada para el desvío de los recursos de los contribuyentes no han tenido un final siquiera, ni que decir una condena firme.
Esta situación constituye un verdadero aliciente para la corrupción, pues a sabiendas de la inoperancia del sistema judicial, las autoridades no se ocupan de cumplir con sus obligaciones y tampoco temen las consecuencias de algún eventual ilícito, pues la impunidad es prácticamente segura.
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El proceso abierto al exintendente colorado Juan Ramón Martínez Coronel (ya fallecido) y otros funcionarios por irregularidades detectadas durante los años 2002 y 2006 prescribió gracias a la parsimonia de los operadores de justicia ante las chicanas de la defensa.
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La acusación presentada por el entonces fiscal Arnaldo Giuzzio en el 2007 era por lesión de confianza, exacción y producción de documento no auténtico, delitos cuya expectativa de pena es de hasta 10 años de cárcel (en los casos graves).
Sobrefacturación en obras viales, puentes y muros de protección
La Fiscalía estimó el perjuicio en G. 2.600 millones. De este total, G. 750 millones corresponde a una caja paralela que había en la municipalidad; G. 970 millones corresponden a desvíos que se registraron en el Departamento Fitosanitario de Salubridad y otros G. 880 millones corresponden a sobrefacturaciones en obras viales, puentes y muros de protección.
En un recorrido por la zona realizado en el 2007, la comitiva judicial inspeccionó un ”muro” de contención que tuvo un costo de G. 500 millones, así como un precario puente de madera sobre el arroyo Sosa, en San Rafael y Bruno Guggiari.
La investigación también abarcó el pago de 200 y 300 millones de guaraníes por mejoras inexistentes en las plazasDe Las Residentas y Alicia Lynch, ubicadas sobre la avenida Cacique Lambaré y Patricio Escobar, también inspeccionadas en la oportunidad, así como distintas obras de pavimentación realizadas en la calle Ava Mbachí entre Comandante Caballero y Avenida del Yacht; en la avenida Cacique Lambaré entre Luis María Argaña y Capitán Figari y también en la calle que está al costado de la comuna, entre Luis María Argaña y Cacique Lambaré, que presentaban hundimientos.
En una audiencia preliminar realizada en el 2015, para eludir el juicio oral y público por irregularidades varias detectadas durante su gestión al frente de la Comuna lambareña, el exintendente Juan Martínez Coronel ofreció entregar un inmueble valuado en 300 millones de guaraníes, propiedad de su madre, a modo de reparación del daño social.
A través de un escrito radicado por el abogado Néstor Candia, Martínez solicitó una condena de dos años, con suspensión de la ejecución de la condena. A cambio, ofreció entregar G. 10 millones a una institución de beneficencia que el juzgado determine, y otros G. 200 millones al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Lambaré, en 24 cuotas.
La Fiscalía rechazó la pretensión de la defensa porque el monto ofrecido es inferior al perjuicio causado.
En octubre del 2011, se llevó a cabo la audiencia preliminar de los otros tres acusados por el presunto daño de G. 2.600 millones en la Municipalidad de Lambaré.
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Todos los acusados por irregularidades detectadas en Lambaré
Además del exintendente Martínez (ya fallecido), también fueron acusados Luis Gilberto Martínez, fiscalizador del Departamento de Salubridad; Roberto Romero Segovia, cajero; Gerardo Federico Román Patiño, fiscalizador; el extesorero Nicolás Denis, Julio César Martínez Coronel, director de Recaudaciones, hermano del ex jefe comunal,
En aquella ocasión, Denis y Román admitieron los hechos y pidieron una condena en procedimiento abreviado, lo que fue aceptado por el fiscal Giuzzio. El juez Hugo Camé les impuso una pena de dos años de cárcel con suspensión a prueba de la condena, más reparación del daño social.
El agente anticorrupción, sin embargo, persistió en la elevación de la causa a juicio oral y público con relación al hermano del ex jefe comunal, Julio Martínez Coronel, ex director de recaudaciones y demás acusados.
Tras 10 años de sucesivas chicanas, sumadas a la excesiva demora de los operadores de justicia en resolver las cuestiones planteadas, en agosto del 2017, la causa prescribió.
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Causa por derrumbe, por prescribir
Por otro lado, el exintendente Roberto Cárdenas Ramírez (ANR) recibió cuatro condenas por supuesta corrupción pública, pero ninguna está firme.
Actulmente afronta un nuevo juicio, pero esta causa prescribe en 3 meses. Es por la supuesta utilización irregular de fondos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) por G. 266 millones que destinarse para mejoras en el Colegio Nacional de Lambaré.
Las deficiencias de construcción derivó en el derrumbe de un aula del segundo nivel del colegio, ocurrido el 30 de setiembre de 2015 y que dejó un saldo de 13 alumnos heridos, además de su maestra. Según la pericia, el colapso se debió a una falla estructural de la cabriada por deficiencias en el diseño, así como la mala calidad de la madera.
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Este es el segundo juicio por el mismo caso, pues el 14 de setiembre del 2021, Cárdenas fue condenado a 4 años de cárcel, pero anulada por la Cámara de Apelaciones de Central, que ordenó un nuevo juicio.
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En otra causa por lesión de confianza, referente a un perjuicio de G. 7.714 millones, en el cual la Fiscalía solicitó una condena de 8 años de cárcel, Cárdenas fue absuelto. Este fallo está estudio.
El exintendente lambareño fue sentenciado a 8 años de prisión por haber causado un perjuicio de unos G. 859 millones utilizados para la construcción y remodelación de unas 15 aulas de cuatro colegios de Lambaré, que resultaron tener una deficiente edificación. Cárdenas planteó un recurso extraordinario de casación que está en estudio en la sala penal de la Corte Suprema.
Cárdenas asimismo tiene otra condena de 2 años de prisión por lesión de confianza por desvío de royalties y de pavimentación por más de G. 5.000 millones. Esta condena debe ser reanalizada en un nuevo juicio.
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La cuarta condena de Cárdenas es la pena de 2 años de prisión por usurpación de funciones públicas, por haber firmado en el 2015 un contrato para la provisión de almuerzo escolar por un poco más de G. 3.000 millones, cuando ya no era intendente de Lambaré. Por esta sentencia el exintendente está preso en la cárcel de Tacumbú desde el 11 de noviembre del año pasado.